Ley Ingrid y Ley Ocaña
Con el objetivo de evitar la revictimización y erradicar la normalización de la violencia en el Estado de México, se ha aprobado un decreto que sanciona hasta con ocho años de prisión a aquellos que divulguen imágenes de personas fallecidas. Este cambio en la legislación, publicado en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno, reforma el Artículo 227 Bis del Código Penal del Estado de México, tipificando conductas que revelen o difundan de manera indebida material audiovisual o archivos de víctimas.
Las iniciativas conocidas como “Ley Ingrid” y “Ley Ocaña” buscan preservar la dignidad, el honor y la intimidad de las víctimas y sus seres queridos, según destacaron autoridades mexiquenses. Recordando casos emblemáticos que dieron origen a esta ley, el decreto celebrado por el Ejecutivo estatal, liderado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, tiene como objetivo principal frenar la exposición masiva de este material en medios de comunicación y redes sociales.
El Decreto número 215, aprobado por la LXI Legislatura del Estado de México el 24 de octubre de 2023, contempla sanciones de cuatro a ocho años de prisión, multas significativas y la reparación integral del daño. Además, establece penalidades para los servidores públicos involucrados en la cadena de justicia que tengan acceso a dicha información.
En el caso de menores y la difusión de material de víctimas vulnerables, las penas se incrementarán. Estas medidas son resultado del trabajo coordinado entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, surgiendo de iniciativas presentadas por diputados comprometidos con la protección de los derechos fundamentales y el respeto a la dignidad de las personas.
Este cambio legislativo es parte de una política de cero tolerancia a actos que vayan en contra de los principios éticos, reafirmando el compromiso de construir un marco jurídico que promueva el bienestar de las familias en el Estado de México.
