En un reciente mensaje difundido en las redes sociales del grupo Jurídico San Rafael, se hace un urgente llamado a diversas figuras clave del gobierno y del Poder Judicial Federal (PJF) para que pongan atención y actúen ante las presuntas irregularidades que afectan al sistema de justicia en su sede de Toluca. El mensaje destaca varios puntos críticos que afectan el correcto funcionamiento del PJF en la capital del Estado de México, entre los cuales se incluyen graves retrasos en la admisión de amparos, la dilatación en la concesión de suspensiones y la existencia de lo que se describe como “listas negras” contra abogados y despachos que han apoyado la Reforma Judicial.
Irregularidades en la Admisión de Amparos y la Otorgación de Suspensiones
Uno de los problemas más alarmantes señalados en el llamado del grupo Jurídico San Rafael es el creciente retraso en la admisión de amparos. La demora en este proceso afecta directamente el acceso a la justicia para miles de ciudadanos que recurren al sistema judicial en busca de protección de sus derechos fundamentales. Además, el retraso en la otorgación de suspensiones, una herramienta clave en el sistema de amparo, ha sido señalada como una práctica que socava la eficiencia y la imparcialidad del PJF.
Listas Negras contra Abogados y Despachos
El grupo también denunció la existencia de listas negras en las que, según se indica, se ha incluido a abogados y despachos jurídicos que han mostrado su apoyo a la Reforma Judicial. Estas listas, según se argumenta, son utilizadas como una forma de represalia contra quienes impulsan un cambio dentro del sistema judicial, lo que genera un ambiente de hostilidad y desconfianza en el PJF de Toluca.
La Auto Protección de los Miembros del PJF
Otro aspecto de gran preocupación es la autodefensa que los miembros del Poder Judicial parecen otorgarse a sí mismos, otorgándose amparos para proteger sus propios intereses. Esta situación ha sido interpretada como una muestra de la anarquía e irregularidades dentro del sistema judicial que no favorece a los ciudadanos, sino que perpetúa una estructura de poder en la que se anteponen intereses personales por encima de la justicia.
El Llamado a la Acción
Ante estos serios problemas, el grupo Jurídico San Rafael ha instado a que los actores clave en el gobierno, como la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Presidente del Senado Gerardo Fernández Noroña, y las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres y Yasmin Esquivel Mosa, intervengan y tomen las medidas necesarias para poner orden en el PJF de Toluca. La intención es garantizar que los procesos judiciales se conduzcan de manera justa, imparcial y en cumplimiento con las leyes, sin que existan prácticas que favorezcan a unos pocos en detrimento de la sociedad.
El Contexto de la Reforma Judicial
El llamado a poner orden en el PJF de Toluca se enmarca dentro de los esfuerzos por implementar una Reforma Judicial que busque una justicia más transparente, eficiente y accesible para todos los mexicanos. Este proceso de transformación, que se encuentra en su fase más crítica, necesita del apoyo de todos los actores involucrados para que no se vean empañados por malas prácticas que socavan la confianza pública en el sistema judicial.
En conclusión, la solicitud para poner orden en el Poder Judicial Federal de Toluca resalta la importancia de que se erradiquen las irregularidades y se restablezca la imparcialidad y eficiencia en la administración de justicia. Este es un llamado a todos los sectores involucrados a actuar con responsabilidad para garantizar un sistema judicial que responda verdaderamente a los intereses de la sociedad y no a intereses particulares.
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