Por Miguel Ernesto Leetch San Pedro, Magistrado de Circuito adscrito al Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México.
La reciente reforma a la Ley de Amparo del 16 de octubre de 2025, que establece la tramitación del juicio en línea, representa un cambio estructural en el acceso a la justicia en México. En principio, el avance es prometedor: expedientes digitales equivalentes a los físicos, trámites más ágiles, firmas electrónicas, notificaciones digitales y un compromiso con la eficiencia que hace apenas unos años parecía lejano.
Aunque en el papel la reforma impulsa la modernización judicial, en la práctica plantea retos significativos que podrían excluir justamente a quienes más requieren del amparo como instrumento de protección. Al observar la realidad del país, resulta evidente que la digitalización está indisolublemente ligada al desafío de la inclusión. Digitalizar no es solo sustituir papel por pixeles, sino garantizar que todas las personas tengan la posibilidad efectiva de acceder al juicio de amparo, sin que este se convierta en un privilegio reservado a quienes cuentan con las herramientas tecnológicas necesarias.
México sigue siendo un país profundamente desigual en términos de acceso a tecnologías. Según datos del INEGI, millones de personas carecen de una conexión estable a internet, especialmente en zonas rurales e indígenas. Para ellas, el juicio en línea no representa únicamente una barrera técnica, sino una exclusión procesal disfrazada de modernización, que no resuelve el acceso efectivo a la justicia. En un país donde el amparo ha sido históricamente la última defensa del ciudadano frente al poder, es indispensable garantizar que su acceso, incluso en la era digital, no dependa de la velocidad de una conexión.
El sistema actual de juicio en línea del Poder Judicial de la Federación tampoco está exento de dificultades: intermitencias en la plataforma, problemas en la carga de documentos, limitaciones en las notificaciones, restricciones horarias y una interfaz poco intuitiva obstaculizan su uso, incluso entre personas con conocimientos básicos de derecho y tecnología. Estas deficiencias se agravan en casos urgentes, donde el tiempo y la certeza jurídica son fundamentales.
El objetivo de reducir papel, agilizar trámites y descongestionar tribunales es loable; no obstante, imponer el uso del juicio en línea sin una infraestructura robusta ni una estrategia de inclusión digital puede terminar siendo una medida excluyente. La justicia digital debe ser también una justicia accesible, o corre el riesgo de convertirse en un privilegio de unos cuantos.
La solución no radica en desechar la digitalización, sino en implementarla con sensibilidad social. La tecnología puede ser una aliada de la justicia, pero no sustituye la equidad. Para que el juicio de amparo en línea cumpla su propósito, es indispensable adoptar medidas como:
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Invertir en infraestructura de conectividad y en centros de acceso libre en regiones marginadas.
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Crear centros de asistencia gratuita, tanto presenciales como remotos.
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Establecer excepciones claras y accesibles para quienes no cuentan con medios tecnológicos.
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Fortalecer el soporte técnico y jurídico a usuarios vulnerables mediante personal correctamente capacitado.
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Monitorear y evaluar el sistema electrónico para detectar fallas y corregirlas con oportunidad, transparencia y rendición de cuentas.
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Garantizar que el acceso digital al amparo no genere nuevas barreras, sino que amplíe la protección a todas las personas.
En suma, la reforma será un verdadero avance solo si se implementa con inclusión, formación y respaldo institucional real. De lo contrario, existe el riesgo de que la justicia “en línea” termine siendo justicia “para unos cuantos”, lo que implicaría retroceder en lugar de avanzar.
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