Dos exdirectores de la Secretaría del Medio Ambiente fueron vinculados a proceso por extorsión agravada y abuso de autoridad; la investigación apunta a una estructura que habría operado desde 2023
Estado de México.– Lo que para millones de automovilistas representa un trámite obligatorio para poder circular, pudo haberse convertido, de acuerdo con una investigación de la Fiscalía, en una fuente millonaria de corrupción dentro del sistema de verificación vehicular del Estado de México.
La investigación por la llamada “mina de los verificentros” llevó a la detención de dos exfuncionarios de la Secretaría del Medio Ambiente mexiquense, quienes fueron vinculados a proceso por los delitos de extorsión agravada y abuso de autoridad.
Se trata de Raúl Piña Horta, quien estuvo al frente del área de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica, y Carlos Eduardo Solares Vega, exresponsable de Control de Emisiones a la Atmósfera.
Ambos fueron detenidos el 10 de agosto de 2026 y, tras una audiencia ante una jueza del distrito judicial de Chalco, quedaron sujetos a proceso y con prisión preventiva.
Pero detrás de los nombres de los dos exdirectores existe una pregunta mucho más grande: ¿cómo pudo funcionar durante años una presunta estructura de cobro ilegal alrededor de un sistema que involucra a cientos de establecimientos y miles de automovilistas?
La presunta maquinaria detrás de los verificentros
Según la investigación de la Fiscalía, la operación habría comenzado hacia finales de 2023, cuando el Estado de México contaba con 163 verificentros y 878 líneas activas.
La acusación sostiene que los establecimientos eran sometidos a cobros que podían alcanzar hasta 200 mil pesos mensuales por verificentro, además de cuotas relacionadas con los vehículos procesados y las líneas que permanecían en funcionamiento.
La presión, según la carpeta de investigación, no necesariamente necesitaba recurrir a amenazas físicas.
El mecanismo habría sido otro: utilizar las propias facultades administrativas y regulatorias para ejercer presión sobre los establecimientos.
Un verificentro que no aceptara las condiciones podía enfrentar, presuntamente, problemas con hologramas, suspensiones o procedimientos relacionados con el cumplimiento de las normas ambientales.
Y ahí es donde el caso adquiere una dimensión especialmente delicada.
Cuando una autoridad tiene la capacidad de determinar quién puede operar y quién puede ser sancionado, ¿qué ocurre cuando esa facultad presuntamente se convierte en una herramienta para exigir dinero?
El sistema de hologramas, en el centro de la investigación
Uno de los elementos que aparece en el expediente es el Sistema Automatizado de Emisión y Control de Hologramas de Verificación Vehicular.
La Fiscalía sostiene que desde el Centro de Control de la Secretaría existía la posibilidad de desconectar y volver a activar determinadas líneas.
Según la investigación, esa capacidad habría sido utilizada para facilitar aprobaciones irregulares.
El procedimiento descrito por las autoridades resulta particularmente relevante porque habría trasladado la presunta corrupción desde las oficinas administrativas hasta el momento en que un ciudadano llevaba su automóvil a verificar.
Algunos establecimientos, según el expediente, habrían trasladado el costo de las cuotas a los usuarios.
El esquema habría comenzado con la negativa del holograma y posteriormente aparecía una alternativa: aprobar el vehículo mediante una línea temporalmente desconectada del sistema, una práctica conocida coloquialmente como pasar “con brinco”.
De comprobarse judicialmente estas acusaciones, el problema no sería solamente una red de corrupción entre funcionarios y empresarios.
El ciudadano también habría terminado pagando por ella.
Más de 430 millones de pesos bajo investigación
La cifra que coloca este caso en otra dimensión es la estimación económica realizada por la Fiscalía.
De acuerdo con la investigación, la estructura habría generado más de 430 millones de pesos en efectivo.
Los recursos, según la carpeta, eran entregados mediante citas en oficinas privadas ubicadas en Bosques de las Lomas y en domicilios de Cuajimalpa.
La investigación incluso documenta mecanismos de acceso y logística para realizar las entregas, entre ellos citas previas y, en determinados casos, códigos QR para ingresar a los inmuebles.
Un particular señalado dentro del expediente habría tenido la función de recibir parte de los recursos.
Pero la ruta del dinero es precisamente uno de los aspectos que todavía genera mayores interrogantes.
¿Quién terminaba quedándose con los millones?
¿Sólo se trataba de cobrar cuotas?
La investigación de la Fiscalía plantea que la presunta estructura pudo haber ido más allá del cobro periódico a los verificentros.
El expediente también señala que algunos propietarios habrían sido presionados para entregar participaciones de sus empresas mediante determinadas razones sociales relacionadas con la estructura investigada.
La presunta red habría utilizado además el argumento de contar con protección política para ejercer presión.
Por ahora, estas acusaciones deberán ser acreditadas durante el proceso judicial. La vinculación a proceso significa que existe una investigación que continuará ante un juez, no una sentencia definitiva de culpabilidad.
Sin embargo, el alcance de las acusaciones obliga a mirar más arriba.
Porque si la Fiscalía calcula cientos de millones de pesos, resulta inevitable preguntar:
¿Quién daba las órdenes?
¿Quién recibía el dinero?
¿Quién protegía la operación?
¿Qué otros funcionarios pudieron conocer o facilitar el funcionamiento del esquema?
Y quizá la pregunta más importante:
¿Quién era el beneficiario final?
Una red que habría crecido dentro del gobierno
La investigación también coloca bajo escrutinio la estructura administrativa que permitió que los funcionarios señalados ocuparan posiciones estratégicas dentro de la Secretaría del Medio Ambiente.
Piña Horta, antes de llegar al área ambiental, había sido secretario particular de Jorge Emilio González Martínez, conocido como “El Niño Verde”.
Solares Vega, por su parte, contaba con experiencia previa en áreas ambientales en Puebla antes de asumir responsabilidades en el Estado de México.
Más allá de las trayectorias individuales, el punto central será determinar cómo llegaron a posiciones desde las cuales, de acuerdo con la Fiscalía, pudieron tener influencia sobre un sistema tan sensible como el de verificación vehicular.
La investigación pone así sobre la mesa un problema que trasciende a dos personas detenidas: los controles internos de una dependencia pública.
Porque una red de esta magnitud, si las acusaciones terminan acreditándose, difícilmente puede explicarse únicamente por la actuación aislada de un par de funcionarios.
El verdadero reto: seguir el dinero
Las detenciones de los dos exdirectores representan apenas una parte de la investigación.
La propia dimensión económica del caso obliga a seguir la ruta de los recursos y determinar si existieron más participantes, empresas utilizadas para canalizar beneficios, funcionarios involucrados o personas encargadas de proporcionar protección.
La Fiscalía también mantiene bajo investigación a otros servidores públicos, algunos de los cuales, según la información del expediente, permanecían prófugos al momento de judicializarse el caso.
Ahí estará una de las pruebas más importantes para las autoridades.
Detener a quienes presuntamente ejecutaban el esquema es sólo el primer paso. Descubrir quién lo diseñó, quién lo protegió y quién recibió los beneficios sería la verdadera radiografía de la red.
¿Qué pasará con los verificentros y los automovilistas?
El caso también deja una preocupación inmediata para los usuarios.
La verificación vehicular es un procedimiento obligatorio para miles de personas en el Estado de México. Si parte del sistema estuvo expuesta a una presunta estructura de corrupción, las autoridades tendrán que demostrar que los mecanismos de control actuales son capaces de impedir que una situación similar vuelva a ocurrir.
También será necesario determinar si existen verificaciones que deban ser revisadas, establecimientos involucrados y ciudadanos que pudieron haber pagado cantidades adicionales para obtener un trámite que debió realizarse bajo condiciones regulares.
Porque el daño potencial no se limita a los más de 430 millones de pesos calculados por la Fiscalía.
También está en juego la confianza de los ciudadanos en las instituciones ambientales.
La pregunta incómoda para el Estado de México
El caso de los verificentros deja una pregunta que va mucho más allá de los dos funcionarios que hoy enfrentan un proceso penal:
¿Cuánto tiempo puede permanecer una red de este tamaño dentro de una institución pública sin que nadie la detecte?
Y hay otra todavía más incómoda:
Si realmente se movieron cientos de millones de pesos, ¿estamos frente a la punta del iceberg o ante toda la estructura?
La respuesta dependerá de que las autoridades no se detengan en las primeras detenciones y sean capaces de seguir el dinero hasta sus últimos beneficiarios.
Porque si la Fiscalía logra acreditar las acusaciones, la llamada “mina de los verificentros” no sólo revelaría un presunto negocio ilegal: exhibiría las vulnerabilidades de un sistema público que, en teoría, debería funcionar para proteger el medio ambiente y garantizar que los automovilistas cumplan con la ley.
Y quizá la pregunta que corresponde ahora a los ciudadanos es sencilla: si verificar un automóvil es obligatorio, ¿quién terminó verificando a quienes controlaban el sistema?
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