Ciudad de México. La muerte de 18 mexicanos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) o durante operativos migratorios mantiene en alerta a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que busca obtener respuestas sobre las circunstancias de los fallecimientos y las posibles responsabilidades de las autoridades estadounidenses.
A través de gestiones diplomáticas, el Gobierno de México solicitó información a distintas fiscalías de Estados Unidos para conocer el avance de las investigaciones y garantizar que los familiares de las víctimas tengan acompañamiento jurídico y consular.
Sin embargo, detrás de los trámites y las comunicaciones oficiales existe una preocupación mayor: mexicanos que salieron de su país en busca de mejores oportunidades terminaron perdiendo la vida durante procedimientos migratorios o mientras permanecían bajo custodia de una autoridad extranjera.
La Cancillería informó que ha enviado 22 comunicaciones oficiales para solicitar información sobre estos expedientes. Ocho fueron dirigidas a fiscalías generales estatales y otras 14 a fiscalías de condado. Hasta el momento, únicamente ha recibido 11 respuestas.
Entre las autoridades estadounidenses con las que mantiene contacto se encuentran las fiscalías de los condados de Harris y Webb, en Texas, así como Ventura, en California.
18 mexicanos fallecidos y familias que buscan justicia
La situación jurídica de las familias afectadas es distinta en cada expediente. De acuerdo con la SRE, cuatro cuentan con representación legal mediante el Programa de Asistencia Jurídica a Personas Mexicanas a través de Asesorías Legales Externas (PALE), mientras que otras siete contrataron abogados particulares.
En dos casos, los familiares todavía buscan representación jurídica con acompañamiento consular. En otros cinco decidieron no iniciar procedimientos legales.
Hasta ahora se han presentado tres demandas civiles relacionadas con estos fallecimientos: dos promovidas mediante abogados vinculados con el programa de asistencia jurídica de la Cancillería y una más con representación privada.
Además, otras familias preparan acciones legales para que se revisen las circunstancias de los hechos y se determinen posibles responsabilidades.
Estas cifras muestran que la búsqueda de justicia no termina con la recuperación de los cuerpos ni con las notificaciones diplomáticas. Para muchas familias, el proceso apenas comienza y puede convertirse en una batalla legal complicada frente a instituciones de otro país.
Agente del ICE enfrenta acusación formal por caso en Houston
Entre los expedientes que han tenido avances destaca el de un mexicano que resultó herido en Houston, Texas.
La Fiscalía del Condado de Harris notificó a las autoridades mexicanas que un gran jurado emitió una acusación formal contra el agente del ICE involucrado en ese caso.
La SRE informó que continuará pendiente del procedimiento judicial y de las actuaciones de las autoridades estadounidenses.
Este avance representa un elemento importante dentro de las investigaciones, aunque todavía corresponderá al proceso judicial determinar las responsabilidades del agente señalado.
El caso también pone sobre la mesa la necesidad de que las actuaciones de los agentes migratorios estén sujetas a mecanismos efectivos de supervisión y rendición de cuentas.
México exige respuestas, pero las investigaciones avanzan
La Cancillería aseguró que mantendrá comunicación con las fiscalías estadounidenses y continuará proporcionando orientación a los familiares, de acuerdo con las decisiones que tomen sobre sus respectivos procedimientos legales.
Estas acciones se realizan con fundamento en las atribuciones de protección consular contempladas en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.
No obstante, recibir respuestas de las fiscalías y enviar documentos oficiales no garantiza por sí mismo que las familias obtengan justicia. La diferencia entre acompañar un expediente y conseguir que se esclarezcan los hechos puede ser enorme, especialmente cuando las investigaciones dependen de instituciones extranjeras.
También queda pendiente conocer por qué ocho de las 22 solicitudes oficiales todavía no cuentan con respuesta y qué mecanismos existen para evitar que los casos terminen sin conclusiones claras.
La protección de los mexicanos en el extranjero no debería limitarse a emitir comunicados cuando ocurre una tragedia. También exige seguimiento permanente, asesoría legal accesible y presión diplomática para que ninguna muerte quede sin investigar.
¿Cuántas familias mexicanas tendrán que esperar para conocer la verdad sobre la muerte de sus seres queridos bajo custodia migratoria en Estados Unidos? Mientras las investigaciones continúan, la exigencia de justicia permanece y el Gobierno mexicano tendrá que demostrar que su acompañamiento se traduce en resultados, no solamente en gestiones administrativas.
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