Como una muestra de esfuerzo histórico por proteger la integridad y los derechos de la comunidad LGBTQ+, el Senado de la República Mexicana aprobó una ley que penaliza las terapias de conversión sexual en menores. La sesión, que se extendió hasta la madrugada, culminó con un decisivo paso adelante en la lucha contra estas prácticas consideradas altamente perjudiciales y antiéticas.
La nueva legislación, que ahora espera la ratificación del Ejecutivo Federal, impondrá severas sanciones a aquellos que realicen, promuevan, financien o impongan tratamientos destinados a modificar la orientación sexual, identidad o expresión de género de individuos. Este dictamen es un claro reflejo del compromiso del país con los derechos humanos y la protección de todas sus comunidades.
La ley estipula que las penas por involucrar a menores de edad, adultos mayores o personas con discapacidad en estas terapias podrían alcanzar hasta 12 años de prisión. Además, en un movimiento sin precedentes, también se contemplan sanciones específicas para los padres, madres o tutores legales que permitan o promuevan la participación de sus tutelados en estas prácticas nocivas.
El sector médico y de profesionales de la salud no está exento de responsabilidades. Aquellos que se involucren en la aplicación de terapias de conversión enfrentarán suspensiones de uno a tres años en el ejercicio de su profesión, así como posibles sanciones adicionales bajo el Código Penal Federal.
El proyecto también facilita la denuncia de estas prácticas, ya que la simple presentación de una queja iniciará automáticamente una investigación. Esto es parte de un esfuerzo más amplio para asegurar que los derechos de la comunidad LGBTQ+ sean respetados y protegidos en todo el territorio nacional.
Esta medida no solo representa un avance en la protección contra la discriminación basada en orientación sexual e identidad de género, sino que también envía un mensaje poderoso sobre el compromiso de México con la inclusión y el respeto por la diversidad. La comunidad internacional ha aplaudido la decisión, considerándola un modelo a seguir para otros países que buscan fortalecer sus leyes en favor de los derechos humanos.
