En un golpe significativo contra la delincuencia organizada en el Estado de México, tras las audiencias iniciales derivadas del operativo “Enjambre”, varios jefes policiacos y funcionarios públicos de los municipios de Amanalco, Tejupilco, Naucalpan e Ixtapaluca fueron vinculados a proceso. Entre los imputados se encuentran la alcaldesa de Amanalco, el titular del DIF Municipal de Tonatico y mandos policiacos de diversas corporaciones municipales.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha identificado presuntos nexos entre los detenidos y el grupo criminal La Familia Michoacana, con origen en Michoacán. Aunque los acusados deben ser considerados inocentes hasta que se dicte una sentencia definitiva, las evidencias aportadas apuntan a su implicación en delitos como secuestro, extorsión y homicidio.
Eraclio ‘N’, director de Seguridad Pública Municipal de Tejupilco, enfrenta cargos por secuestro exprés con fines de extorsión. De acuerdo con la FGJEM, este individuo exigió a una comerciante de aguas frescas un pago del 10% de sus ganancias o una cuota semanal de mil pesos, presuntamente destinada al “Jefe Guaimo”, cabecilla de La Familia Michoacana.
El imputado y un cómplice habrían secuestrado a la víctima el 13 de septiembre, amenazándola de muerte en caso de incumplimiento. Otros comerciantes también testificaron haber sido víctimas de extorsión por parte del mismo mando policiaco. Ante estos hechos, se dictó prisión preventiva justificada.
Manuel Alejandro ‘N’, director de Seguridad Pública Municipal de Amanalco, fue acusado de participar en un secuestro exprés con fines de robo. Según la investigación, él y otros elementos no identificados abordaron a dos comerciantes de postres el 20 de septiembre, los amenazaron con armas de fuego y les robaron tres mil 260 pesos.
El imputado también tendría vínculos con un líder criminal conocido como “El Pelón”, asociado a “El Pecha”, cabecilla de La Familia Michoacana. Pese a la petición de la defensa para que enfrentara su proceso en libertad, se ordenó prisión preventiva.
En los juzgados del penal de Cuautitlán, Omar ‘N’, subdirector de la Policía Municipal de Naucalpan, fue vinculado a proceso por delitos contra la salud, extorsión y homicidio. Su situación legal será decidida por un juez de control del Poder Judicial del Estado de México. La FGJEM informó que este mando policiaco es uno de los cinco detenidos en el operativo Enjambre.
Rodolfo ‘N’, director operativo de la Policía Municipal de Ixtapaluca, y Roberto ‘N’, un policía tercero, fueron acusados de secuestro exprés y extorsión. Según las indagatorias, el 27 de agosto ambos oficiales exigieron cinco mil pesos a una comerciante para permitirle operar en un tianguis de la colonia La Venta.
Cuando la víctima se negó, fue llevada a un terreno baldío, donde Rodolfo ‘N’ la amenazó con un arma de fuego. La comerciante entregó tres mil pesos y fue liberada. Varios comerciantes han denunciado también el pago forzoso de cuotas a estos funcionarios.
La prisión preventiva justificada fue dictada para ambos imputados, mientras que la defensa intentará desvirtuar las pruebas en la próxima audiencia.
La alcaldesa de Amanalco, María Elena ‘N’, fue acusada del homicidio de un síndico y su chofer en enero de 2023. Las pruebas indican que la edil tenía nexos directos con líderes de La Familia Michoacana y que parte del presupuesto municipal era desviado hacia esta organización delictiva.
Un juez dictó prisión preventiva justificada en su contra, mientras la defensa solicitó el plazo constitucional de 144 horas para preparar su estrategia.
Ellery ‘N’, director del DIF Municipal de Tonatico, enfrenta acusaciones de secuestro con fines de extorsión. La FGJEM señala que este funcionario exigía el 10% de las ganancias diarias de un comerciante para entregarlas a miembros de La Familia Michoacana.
La jueza determinó la prisión preventiva justificada, rechazando la solicitud de medidas cautelares menos restrictivas propuesta por la defensa.
Este operativo pone de manifiesto la gravedad de los vínculos entre el crimen organizado y autoridades municipales en el Estado de México. La FGJEM ha señalado que municipios como Amanalco, Valle de Bravo y Donato Guerra presentan una alta incidencia delictiva, atribuida a la operación de La Familia Michoacana en estas regiones.
En conclusión, aunque el proceso judicial apenas comienza, estas acciones representan un paso significativo hacia el desmantelamiento de estructuras criminales que han infiltrado instituciones públicas. Las audiencias continuarán en los próximos días, marcando un capítulo crucial en la lucha contra la corrupción y la delincuencia en la entidad.
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