La terminal de La Fragua, en San José Iturbide, fue autorizada y ampliada durante administraciones municipales encabezadas por PAN y PVEM; en 2017 fue inaugurada con la presencia de autoridades estatales y federales. Hoy la FGR investiga el origen y trazabilidad del combustible asegurado.
El aseguramiento de más de 59 millones de litros de combustible en San José Iturbide, Guanajuato, no solamente abrió una investigación federal sobre la procedencia del hidrocarburo. También puso bajo la lupa la historia administrativa de la terminal donde fue localizado y los permisos que permitieron su instalación y posterior ampliación.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el operativo realizado en la comunidad de La Fragua permitió asegurar 59 millones 36 mil 870 litros de combustible, además de 10 tanques de almacenamiento, unidades de carga, contenedores y documentación relacionada con la investigación.
La investigación federal comenzó el pasado 3 de julio de 2026, después de que una persona fuera detenida mientras descargaba combustible de una pipa en una gasolinera de San Luis de la Paz. De acuerdo con la FGR, no se pudo acreditar la trazabilidad del hidrocarburo. Las diligencias posteriores condujeron a otros inmuebles hasta llegar a la terminal de La Fragua.
El volumen asegurado está compuesto por aproximadamente 33.5 millones de litros de gasolina regular, 7.26 millones de litros de gasolina Premium y 18.26 millones de litros de diésel. La autoridad federal todavía debe determinar la propiedad, origen y trazabilidad de la totalidad del producto.
Una terminal autorizada durante varias administraciones
De acuerdo con información difundida por el gobierno municipal de San José Iturbide y retomada por diversos medios, la historia de la instalación se remonta a la administración 2012-2015, cuando el municipio era gobernado por Filiberto López Plaza.
Posteriormente, durante el periodo 2015-2018, encabezado por César Rodríguez Zarazúa, se realizaron diversos trámites relacionados con la terminal. La información municipal señala que en 2017 existió una sanción por iniciar obras sin contar con determinados permisos y autorizaciones de factibilidad.
El propio gobierno local señaló que se impuso una multa de 150 mil 980 pesos por la construcción de tanques sin contar con el permiso de uso de suelo correspondiente.
Ese mismo año también se habría autorizado el cambio de propietario a favor de Gas Natural del Noroeste, además de modificaciones relacionadas con el uso de suelo para una terminal de almacenamiento y suministro de petrolíferos.
En diciembre de 2017, el complejo fue inaugurado con la presencia del entonces secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell; el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, y el presidente municipal José César Rodríguez Zarazúa. La instalación se ubicó en el kilómetro 56 de la carretera federal 57, en La Fragua.
Meses después, en febrero de 2018, el Cabildo aprobó una ampliación que llevó la capacidad autorizada de almacenamiento hasta aproximadamente 97.7 millones de litros de petrolíferos, mediante la construcción de cinco tanques adicionales, según los antecedentes difundidos por el municipio.
Es decir, la capacidad autorizada de la terminal era considerablemente superior a los aproximadamente 59 millones de litros que actualmente se encuentran bajo investigación.
La instalación también habría contado con resoluciones de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y de la Semarnat, además de vínculos comerciales con empresas del sector energético, de acuerdo con los antecedentes publicados sobre el complejo.
Vecinos ya habían advertido sobre los riesgos
La historia de la terminal no solamente está relacionada con permisos y ampliaciones.
De acuerdo con el gobierno municipal actual, habitantes de La Fragua organizaron en 2019 el Movimiento de Comunidades Unidas para manifestar su preocupación por el crecimiento de los tanques de almacenamiento.
Entre los reclamos mencionados se encontraban posibles riesgos para la población, afectaciones a la vida cotidiana, olores relacionados con hidrocarburos y restricciones a actividades tradicionales.
El actual presidente municipal, Edgar Montes de la Vega, ha señalado que su administración colaborará con las autoridades federales y estatales en las investigaciones y pidió esclarecer si existieron irregularidades o actos de corrupción relacionados con la emisión de permisos.
El gobierno municipal también ha planteado preocupaciones sobre los protocolos de protección civil debido a la cercanía de la instalación con centros educativos.
No obstante, una cosa son las denuncias y cuestionamientos sobre la operación de la terminal y otra distinta es demostrar jurídicamente que existieron actos de corrupción o que los permisos fueron otorgados de manera ilegal. Eso corresponde a las investigaciones de las autoridades competentes.
El decomiso abre una segunda investigación, la de los permisos
El aseguramiento de 59 millones de litros de combustible plantea una pregunta que va más allá de determinar de dónde salió el hidrocarburo.
También será necesario conocer cómo llegó hasta una instalación con capacidad autorizada para almacenar casi 100 millones de litros y qué controles existieron durante todos estos años.
Los documentos y permisos no prueban por sí mismos una conducta ilícita. Una empresa puede contar con autorizaciones y, al mismo tiempo, la autoridad puede investigar operaciones específicas realizadas posteriormente. Por eso será fundamental separar responsabilidades y evitar conclusiones anticipadas.
Pero tampoco sería suficiente cerrar la discusión con el argumento de que la terminal contaba con permisos.
Si existieron sanciones municipales por obras realizadas sin autorización, ampliaciones posteriores, advertencias de habitantes y ahora una investigación federal por combustible cuya procedencia y trazabilidad no han sido acreditadas, todos esos antecedentes merecen ser revisados de manera conjunta.
La pregunta central es: ¿qué controles permitieron que una operación de semejante magnitud llegara hasta este punto sin que las autoridades detectaran antes las inconsistencias que ahora investiga la FGR?
Y existe otra pregunta todavía más importante: si los permisos fueron legales, ¿quién verificaba que el combustible almacenado correspondiera efectivamente con la documentación y autorizaciones de la terminal?
La investigación tendrá que establecer si existe alguna relación entre los permisos históricos, la operación de la planta y el combustible asegurado. Hasta ahora, esa relación no está acreditada judicialmente.
También será relevante saber si habrá consecuencias para particulares, funcionarios o empresas, en caso de que las autoridades encuentren responsabilidades.
Porque los 59 millones de litros son solamente la parte visible de una historia que comenzó años antes del operativo.
Ahora corresponde determinar si detrás de ese volumen existió una cadena legal de almacenamiento y distribución, una operación irregular o una combinación de distintas actividades. La respuesta tendrá que salir de los documentos, las investigaciones financieras, la trazabilidad del combustible y las pruebas que eventualmente lleguen ante un juez.
La ciudadanía de San José Iturbide, además, tiene derecho a conocer algo más: qué garantías existen hoy para que una instalación de esta magnitud opere sin representar un riesgo para las comunidades cercanas.
El decomiso ya ocurrió. Ahora comienza la parte más difícil: explicar cómo llegó ese combustible hasta La Fragua, quién era responsable de él y si alguien permitió que una operación de semejante escala funcionara fuera de la legalidad.
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