El saneamiento del Río Lerma enfrenta uno de sus momentos más críticos. De acuerdo con Claudia Gómez Godoy, comisionada encargada de la recuperación de este importante afluente, ocho de cada diez plantas de tratamiento de aguas residuales en el Estado de México no están funcionando, principalmente por el abandono institucional de autoridades municipales y estatales.
Las recientes lluvias que provocaron inundaciones en al menos cinco municipios debido al desbordamiento del Río Lerma pusieron en evidencia una problemática estructural: el grave déficit en el tratamiento de aguas residuales en la entidad.
Gómez Godoy señaló que la falta de operación adecuada de las plantas tratadoras contribuye directamente a este tipo de emergencias, al no existir una gestión eficiente del agua antes de su descarga en el río.
Otro de los problemas detectados es que muchas plantas solo cumplen con normativas antiguas, como la NOM-097, pero no están adaptadas a la NOM-001-SEMARNAT-2021, la cual establece criterios más estrictos para las descargas de aguas residuales.
La comisionada subrayó que, más que construir nuevas instalaciones, es urgente rehabilitar las plantas existentes, modernizarlas y adecuarlas a la normativa ambiental vigente.
La funcionaria explicó que la responsabilidad directa del rescate de las plantas recae en los ayuntamientos y en el Gobierno del Estado de México, a través de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM).
“Existen plantas municipales y otras que están bajo control de la CAEM. Desde la federación hay disposición para invertir, pero también se exigirá que cada nivel de gobierno aporte la parte que le corresponde”, afirmó Gómez Godoy.
Entre las principales causas del colapso de las plantas tratadoras se encuentran:
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Falta de pago de servicios básicos como la energía eléctrica
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Deficiencias en el diseño original de las instalaciones
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Abandono prolongado sin mantenimiento preventivo ni correctivo
Estas omisiones han provocado que infraestructura clave permanezca inutilizada, a pesar de haber representado inversiones millonarias en su momento.
La comisionada adelantó que se convocará a los municipios a cumplir con sus obligaciones ambientales. En caso de persistir el incumplimiento, no se descarta la aplicación de sanciones, conforme a la legislación vigente.
El rescate del Río Lerma, concluyó, no es solo un reto ambiental, sino también un compromiso institucional para prevenir riesgos, proteger la salud pública y garantizar el derecho al agua en el Estado de México.
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