Actualmente en Toluca, existe una latente posibilidad de un aumento en el costo del pasaje, lo cual ha sido motivado por diversos factores que impactan directamente en la operación de las empresas de autotransporte de pasajeros. Odilón López Nava, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat) en el Estado de México, ha destacado la necesidad de considerar un ajuste tarifario debido al incremento del 3% en el peaje de las autopistas implementado por el gobierno federal desde el año anterior, sumado a la constante alza en los costos de insumos clave como la gasolina y las refacciones.
Según López Nava, cada empresa afiliada a la Canapat está evaluando su situación financiera interna para determinar si es necesario solicitar una revisión tarifaria. Esto se fundamenta en la preocupación por mantener la viabilidad económica de las operaciones, especialmente frente a las presiones económicas derivadas de los aumentos en los costos operativos.
Por otro lado, la Secretaría de Movilidad ha confirmado que se han recibido solicitudes por parte de la Canapat para ajustar la tarifa mínima del transporte público en el Estado de México. Sin embargo, aún no se ha llegado a una resolución definitiva al respecto.
En contraste, el Instituto del Transporte ha expresado su percepción de que un aumento en el costo mínimo del pasaje parece poco probable en el corto plazo, considerando que esta decisión recae en su competencia. Desde el 2019, las autoridades locales aprobaron un incremento del 20% en el costo del pasaje, situando la tarifa mínima autorizada para los concesionarios de transporte público en 12 pesos, variando ligeramente dependiendo de la ruta.
Además de los desafíos financieros, López Nava ha señalado una serie de problemas asociados con la informalidad en el transporte público, particularmente en referencia a los taxis colectivos que frecuentemente incrementan sus tarifas sin una regulación clara. Esta práctica no solo afecta la economía formal del sector, sino que también contribuye a la proliferación de una economía subterránea que facilita actividades ilegales como la venta de diésel de procedencia dudosa y refacciones robadas.
El presidente de Canapat ha destacado que esta informalidad genera problemas sociales y de seguridad, reflejados en la presencia de vagonetas y mototaxis que operan de manera irregular en el Valle de México. Estas prácticas no solo representan un desafío para la autoridad regulatoria, sino que también ponen en riesgo la seguridad y comodidad de los ciudadanos que dependen del transporte público en la región.
En conclusión, el transporte público en el Valle de Toluca enfrenta un escenario complejo caracterizado por la posibilidad de ajustes tarifarios y los desafíos asociados con la informalidad en el sector. Las decisiones regulatorias futuras, especialmente en relación con el aumento de tarifas, requerirán un enfoque equilibrado que considere tanto las necesidades económicas de las empresas como la garantía de un servicio seguro y eficiente para los usuarios en la región.
