La iniciativa plantea sanciones para quienes acusen deliberadamente a otra persona con la intención de perjudicarla; el debate abre preguntas sobre justicia, reparación del daño y protección a víctimas.
Toluca, Estado de México. Presentar una denuncia con la intención deliberada de perjudicar a otra persona podría tener consecuencias penales en el Estado de México, luego de que en el Congreso mexiquense se planteara endurecer las sanciones contra quienes recurran a acusaciones falsas de manera intencional.
La propuesta busca atender un problema que puede tener consecuencias personales, familiares y sociales para quienes son señalados injustamente, pero también abre un debate importante: ¿cómo evitar el abuso de las denuncias sin generar miedo entre las víctimas que legítimamente buscan justicia?
De acuerdo con el planteamiento difundido, la medida contempla penas de prisión y reparación del daño cuando se acredite que una persona presentó deliberadamente una acusación falsa con el propósito de causar perjuicio.
No toda denuncia que no prospere sería considerada falsa
Uno de los puntos centrales de la propuesta es distinguir entre una acusación que simplemente no pudo acreditarse y una denuncia fabricada deliberadamente.
Esto significa que el hecho de que una investigación sea archivada, una acusación no consiga suficientes pruebas o una persona sea declarada inocente no convertiría automáticamente la denuncia en un delito.
La intención tendría que demostrarse.
En otras palabras, el debate legislativo gira alrededor de establecer mecanismos que permitan identificar cuándo existe una conducta deliberada para utilizar el sistema de justicia con el objetivo de perjudicar a otra persona.
Esta distinción resulta particularmente relevante porque una denuncia puede no prosperar por múltiples razones procesales sin que necesariamente haya existido una intención de mentir.
¿Qué consecuencias tendría una denuncia deliberadamente falsa?
La propuesta busca que quienes incurran en este tipo de conductas puedan enfrentar consecuencias penales, además de la obligación de reparar el daño ocasionado.
El objetivo sería generar un mecanismo de responsabilidad frente a acusaciones fabricadas que puedan provocar afectaciones a la reputación, patrimonio, relaciones familiares, empleo o incluso libertad de una persona.
Sin embargo, al tratarse de una propuesta legislativa, sus alcances dependerán del contenido final que sea analizado, modificado y, en su caso, aprobado por el Congreso del Estado de México.
El Congreso mexiquense ha tramitado en la actual Legislatura diversas reformas en materia de justicia y seguridad, incluyendo modificaciones al Código Penal estatal y nuevas disposiciones para atender problemáticas específicas.
El debate: proteger a los inocentes sin silenciar a las víctimas
La discusión alrededor de las denuncias falsas tiene una segunda dimensión.
Organizaciones y especialistas en derechos humanos suelen advertir que cualquier mecanismo que sancione el uso indebido de la justicia debe diseñarse cuidadosamente para no convertirse en una barrera para denunciar delitos reales.
Una persona que denuncia un hecho verdadero puede no contar inicialmente con todas las pruebas necesarias. También puede existir una investigación que no consiga acreditar la responsabilidad del señalado.
Por ello, la diferencia entre “no se pudo demostrar” y “se inventó deliberadamente” resulta fundamental.
La iniciativa, según el planteamiento difundido, busca precisamente que la sanción se dirija contra quienes actúen con intención de perjudicar y no contra quienes simplemente no logren acreditar una acusación.
La reparación del daño, otro elemento de la propuesta
Además de una eventual pena de prisión, la propuesta contempla la reparación del daño.
Este componente busca reconocer que una acusación fabricada puede generar consecuencias que van más allá del procedimiento judicial.
Una persona señalada injustamente puede enfrentar daños económicos, familiares o profesionales, además del impacto en su reputación.
La discusión legislativa tendrá que determinar cómo se acreditarían esas afectaciones y bajo qué condiciones procedería la reparación correspondiente.
Un debate que también toca los derechos humanos
El tema coloca frente a frente dos objetivos que deben coexistir dentro del sistema de justicia: garantizar que las personas puedan denunciar libremente y evitar que las instituciones sean utilizadas deliberadamente para causar daño.
En el Estado de México ya existen reformas orientadas a fortalecer el acceso a la justicia y proteger derechos, incluyendo la eliminación del delito de ultrajes, medida que el propio Congreso ha relacionado con la necesidad de evitar restricciones desproporcionadas a la libertad de expresión.
Por ello, cualquier nueva sanción penal deberá analizarse bajo principios como el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho de acceso a la justicia.
¿Qué sigue para la propuesta?
Al tratarse de una iniciativa, todavía tendría que pasar por el proceso legislativo correspondiente antes de convertirse en una disposición vigente.
El Congreso del Estado de México cuenta con comisiones especializadas encargadas de analizar las propuestas relacionadas con procuración y administración de justicia antes de que, cuando corresponda, lleguen al Pleno.
La propuesta coloca así sobre la mesa una pregunta que tendrá que ser respondida durante el debate legislativo:
¿Cómo sancionar a quienes utilizan deliberadamente una acusación falsa para destruir la vida de otra persona sin provocar que las víctimas reales tengan miedo de acudir ante las autoridades?
La respuesta estará en los detalles de la iniciativa y, sobre todo, en los mecanismos que se establezcan para demostrar que existió una intención deliberada de fabricar la acusación.
¡Únete a nuestro grupo de WhatsApp y recibe GRATIS las noticias más importantes directo en tu celular!
