El reciente asesinato de Gisela Gaytán, candidata de Morena en Celaya, Guanajuato, desencadenó un debate nacional sobre la protección de aquellos que buscan servir a su comunidad desde la esfera política. La trágica muerte de Gaytán durante un evento público en Celaya el pasado 1 de abril, puso de manifiesto la urgente necesidad de abordar las cuestiones de seguridad y protección ciudadana.
Rosa Icela Rodríguez, al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), señaló al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) por su respuesta tardía a las solicitudes de protección. En una reciente conferencia de prensa, Rodríguez reveló que desde marzo, Morena había solicitado al IEEG protección para sus candidatos, no solo a nivel federal, sino también estatal y municipal. La respuesta del IEEG, indicando que “todavía no iniciaba el proceso” electoral, ha sido objeto de críticas, especialmente en vista de los trágicos eventos que siguieron.
La controversia se intensifica con la percepción pública sobre las declaraciones de Rodríguez. En un país donde la inseguridad es una preocupación constante, las aseveraciones de Rodríguez son vistas por algunos sectores de la sociedad como un intento de deslindar responsabilidades y “lavarse las manos” ante la violencia política. Esta percepción ha generado un amplio debate en redes sociales, donde usuarios expresan su frustración y desconfianza tanto hacia las autoridades electorales como de seguridad.
La seguridad de los candidatos políticos es un tema que trasciende las diferencias partidistas y exige un compromiso conjunto para garantizar que la democracia pueda ejercerse libremente y sin miedo. La muerte de Gisela Gaytán es una pérdida tanto para su partido y sus seres queridos, como también para el proceso democrático mexicano, el cual se ve amenazado por actos de violencia que buscan intimidar y silenciar.
La situación actual exige una reflexión profunda sobre las medidas de seguridad necesarias para proteger a aquellos que participan activamente en la política. Es imprescindible que instituciones como el IEEG y la SSPC trabajen de manera coordinada para establecer protocolos de seguridad eficaces que puedan prevenir futuros actos de violencia. Asimismo, es crucial que la sociedad civil se mantenga vigilante y exija a sus representantes y autoridades una acción decidida y transparente en pro de la seguridad y el fortalecimiento democrático.
“Notidex” se une a la demanda de justicia para Gisela Gaytán y todos aquellos que han sido víctimas de la violencia política en México. Reconocemos la necesidad de un diálogo abierto y constructivo que aborde las causas fundamentales de esta inseguridad y busque soluciones efectivas. La democracia se fortalece con la participación de todos sus ciudadanos, en un ambiente de seguridad y respeto por la vida y la libertad de expresión.
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