La discusión sobre el llamado “olor a croqueta” en Toluca volvió al centro del debate público gracias a una postura firme y propositiva desde el Congreso local. La diputada Ruth Salinas Reyes, integrante de la bancada de Movimiento Ciudadano, puso sobre la mesa la urgencia de atender este problema no solo como una molestia cotidiana, sino como un síntoma claro de deterioro ambiental con impactos directos en la salud, la calidad de vida y los derechos laborales de la población.
Un problema ambiental que no puede normalizarse
En la capital mexiquense, Toluca, las quejas ciudadanas por los olores industriales persistentes se han acumulado durante años sin que existan resultados visibles. Frente a este escenario, la legisladora señaló que la ausencia de sanciones claras y de información transparente por parte de las autoridades ambientales refleja una falta de acciones contundentes.
Desde esta perspectiva, el posicionamiento de Ruth Salinas destaca por ir más allá del señalamiento: plantea que la contaminación odorífica debe entenderse como parte de una agenda ambiental transversal, vinculada con la salud pública, la movilidad urbana y las condiciones laborales de quienes viven y trabajan en la zona industrial.
Vigilancia legislativa y exigencia de responsabilidades
Uno de los puntos más relevantes del pronunciamiento es el compromiso de Movimiento Ciudadano de mantener una vigilancia permanente sobre el actuar de las autoridades ambientales estatales. La diputada subrayó que investigar, transparentar y actuar conforme a la ley no es una concesión, sino una obligación institucional.
Aunque algunas empresas cuentan con permisos para operar, esto no exime —como ha señalado la bancada naranja— la responsabilidad de implementar medidas efectivas de mitigación cuando las emisiones afectan zonas habitacionales. En este sentido, la discusión deja claro que la legalidad administrativa no debe estar por encima del derecho de la ciudadanía a un entorno sano.
Propuestas con impacto real
La iniciativa presentada por Salinas Reyes en el Pleno marca un precedente importante. Su propuesta contempla sanciones económicas que pueden superar los 4.5 millones de pesos para actividades industriales, comerciales o productivas de alto impacto que generen contaminación olfativa sin controles adecuados.
Este planteamiento es relevante porque introduce un enfoque preventivo y no solo reactivo, enviando un mensaje claro a las industrias: el desarrollo económico no puede avanzar a costa del medio ambiente ni de la salud de la población.
Finalmente, la legisladora enfatizó que el rezago de iniciativas ambientales en el Congreso del Estado de México es un problema estructural que debe corregirse. Aplaudir esta acción no es solo reconocer una postura política, sino valorar un esfuerzo por colocar al medio ambiente como un eje central de la discusión legislativa.
Desde Notidex, resulta relevante destacar y respaldar este tipo de posicionamientos que buscan soluciones integrales y de largo plazo. La agenda impulsada por Ruth Salinas no solo visibiliza una problemática histórica en Toluca, sino que abre la puerta a un modelo de desarrollo más responsable, donde la salud y el bienestar de la ciudadanía ocupan el lugar que merecen.
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