Con 104 votos a favor, el Senado aprobó cambios a la Ley General de Turismo que obligan a prestadores de servicios a verificar la relación entre adultos y menores que los acompañen, además de establecer protocolos para detectar posibles delitos.
Ciudad de México.— El Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma a la Ley General de Turismo para fortalecer las medidas de prevención contra la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en establecimientos y servicios relacionados con el turismo.
El dictamen recibió 104 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones, y fue enviado al Ejecutivo federal para continuar con el proceso correspondiente.
La modificación busca que hoteles, moteles y otros prestadores de servicios turísticos tengan mayores herramientas para identificar situaciones que puedan representar un riesgo para menores de edad.
¿Qué cambia para hoteles y prestadores turísticos?
Uno de los principales cambios establece que, cuando una persona adulta pretenda utilizar determinados servicios turísticos acompañada de una niña, niño o adolescente, deberá acreditar la relación jurídica que mantiene con el menor.
Entre los documentos que podrán acreditar esta relación se encuentran aquellos relacionados con:
- Parentesco.
- Patria potestad.
- Tutela.
- Guarda y custodia.
- O, en su caso, documentación que permita acreditar la mayoría de edad.
La medida está dirigida a impedir que establecimientos turísticos se conviertan en espacios donde puedan operar redes de explotación infantil sin controles mínimos.
De acuerdo con el Senado, los prestadores deberán aplicar protocolos y acciones preventivas establecidos por las autoridades para detectar posibles situaciones delictivas.
Si existen irregularidades, deberán negar el servicio
La reforma contempla que, cuando no se pueda acreditar la relación correspondiente o existan elementos que hagan presumir una posible conducta delictiva, los prestadores de servicios deberán actuar conforme a los protocolos establecidos.
Esto puede incluir negar la prestación del servicio y dar aviso a las autoridades competentes, dependiendo de las circunstancias del caso.
La intención es que hoteles, establecimientos de hospedaje y otros espacios turísticos dejen de ser considerados únicamente como lugares donde se presta un servicio y participen también en la prevención y detección de posibles delitos contra menores.
La reforma incorpora nuevas obligaciones al artículo 58 de la Ley General de Turismo, de acuerdo con la información oficial difundida por el Senado.
La medida alcanza a distintos servicios turísticos
El alcance de la reforma no se limita a los hoteles.
Las nuevas disposiciones buscan involucrar a diferentes actores del sector turístico, incluyendo establecimientos de hospedaje, empresas de transporte y otros espacios utilizados por visitantes.
El objetivo es generar una red preventiva que permita detectar posibles situaciones de explotación sexual infantil en distintos puntos de la cadena turística.
Para ello, será necesario que el personal conozca los protocolos, sepa qué documentos solicitar y, sobre todo, tenga claridad sobre qué hacer cuando exista una situación que requiera intervención de las autoridades.
Senado alerta sobre la explotación sexual infantil
Durante la discusión del dictamen, legisladores expusieron diferentes cifras sobre la dimensión del problema.
La senadora Laura Esquivel Torres, por ejemplo, señaló durante el debate que estimaciones citadas en tribuna ubican en alrededor de 21 mil niñas, niños y adolescentes a las posibles víctimas de explotación sexual cada año. Estas cifras corresponden a estimaciones presentadas durante la discusión legislativa y deben entenderse dentro de las limitaciones que existen para medir un delito que permanece en buena parte oculto.
Precisamente, uno de los obstáculos para combatir este fenómeno es la falta de información completa y homogénea. Un documento legislativo previo del Senado ha advertido sobre las dificultades para dimensionar con precisión la explotación sexual infantil debido a su carácter clandestino y a la ausencia de estadísticas uniformes.
Reforma genera consenso, pero también debate político
La aprobación del dictamen consiguió respaldo de distintas fuerzas políticas.
Sin embargo, durante la discusión también surgieron confrontaciones entre legisladores de diferentes partidos, en particular sobre la responsabilidad histórica de los gobiernos frente a la explotación de niñas, niños y adolescentes.
El debate político incluyó intercambios entre representantes de Morena y la oposición, pero finalmente las diferencias partidistas no impidieron que la reforma avanzara con una votación unánime.
El tema puso sobre la mesa una discusión que va más allá de las siglas: qué tan eficaces son las políticas públicas cuando un delito permanece oculto y sus víctimas tienen dificultades para denunciarlo.
El reto será aplicar la reforma
Aprobar nuevas obligaciones representa solamente una primera etapa.
Para que la reforma tenga resultados será indispensable que los establecimientos turísticos reciban capacitación, que existan protocolos sencillos y uniformes, que las autoridades respondan ante los reportes y que los trabajadores sepan distinguir entre una situación que requiere documentación adicional y una que puede representar un riesgo real para un menor.
También será necesario evitar que las nuevas medidas se conviertan en simples trámites burocráticos.
La protección de niñas, niños y adolescentes requiere que cualquier reporte sea tratado con seriedad, pero también con respeto a los derechos de todas las personas involucradas.
¿Qué deben hacer ahora los prestadores turísticos?
Con las nuevas disposiciones, el sector turístico tendrá que prepararse para incorporar mayores controles preventivos.
Entre las tareas que adquieren relevancia están:
Capacitar al personal: quienes tengan contacto con turistas deberán conocer los nuevos protocolos.
Verificar documentación: cuando corresponda, deberán solicitar los documentos que acrediten la relación entre el adulto y el menor.
Detectar señales de riesgo: el personal deberá conocer los mecanismos institucionales para identificar posibles situaciones de explotación.
Reportar posibles delitos: ante circunstancias que así lo ameriten, deberán actuar conforme a los procedimientos establecidos y dar aviso a las autoridades.
Proteger a las víctimas: cualquier actuación deberá colocar en el centro la seguridad y los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Una ley no protege a un menor si nadie la aplica
La aprobación de esta reforma representa un mensaje claro: los espacios turísticos no pueden ser indiferentes ante posibles casos de explotación sexual infantil.
Pero existe una diferencia enorme entre aprobar una obligación y hacer que funcione en la realidad.
Un hotel puede tener un protocolo impecablemente redactado y un empleado puede recibir capacitación, pero si nadie sabe qué hacer ante una señal de alerta, si las autoridades no responden o si los reportes terminan archivados, la reforma corre el riesgo de convertirse en otro conjunto de reglas que existen en el papel.
También habrá que encontrar un equilibrio: proteger a los menores sin convertir los controles en prácticas arbitrarias o discriminatorias contra las familias y viajeros.
La pregunta para las autoridades es directa:
¿Cómo garantizarán que los hoteles, transportistas y demás prestadores turísticos realmente cumplan estas nuevas obligaciones y que los reportes de posibles delitos reciban una respuesta inmediata?
Y para el sector turístico queda otro cuestionamiento:
¿está preparado para asumir que proteger a niñas, niños y adolescentes no será solamente una obligación legal, sino una responsabilidad permanente dentro de su actividad?
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