La tala ilegal de árboles en el Estado de México se ha convertido en una problemática ambiental y de seguridad que mantiene en alerta a autoridades federales, estatales y municipales. Aunque se han desplegado operativos, aseguramientos y nuevas estrategias de conservación, la magnitud del daño ecológico y la violencia asociada a esta actividad ilícita evidencian que el reto aún está lejos de resolverse.
Las acciones gubernamentales se han intensificado principalmente en áreas consideradas de alto riesgo, como el corredor forestal Bosque de Agua, una región estratégica por su función en la recarga de mantos acuíferos que abastecen al Valle de México, así como en zonas colindantes con las Lagunas de Zempoala, que conectan al Estado de México con Morelos.
Durante agosto pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó cateos en aserraderos que previamente habían sido clausurados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). En estos operativos se aseguraron decenas de metros cúbicos de madera, maquinaria industrial, herramientas especializadas y vehículos de carga, lo que confirmó que la tala ilegal continúa operando pese a las restricciones impuestas.
Más allá del daño ambiental, la tala clandestina ha derivado en enfrentamientos armados entre presuntos talamontes y fuerzas de seguridad. Municipios como Ocuilan y Xalatlaco se han convertido en focos rojos, donde los recorridos de vigilancia han terminado en ataques directos contra autoridades.
Uno de los hechos más recientes ocurrió en la comunidad de Tejocotes, en Xalatlaco, donde elementos de la Guardia Nacional y de la policía municipal fueron emboscados durante un patrullaje, dejando varios heridos. Casos similares se han registrado en distintos momentos del año en Ocuilan, lo que refleja el nivel de organización y resistencia de los grupos dedicados a esta actividad ilegal.
De acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), al menos 25 municipios del Estado de México han sido catalogados como prioritarios por la alta incidencia de tala clandestina. Estas demarcaciones se distribuyen en seis regiones forestales estratégicas, entre ellas:
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El área del Iztaccíhuatl-Popocatépetl
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El Gran Bosque de Agua
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La Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca
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El Nevado de Toluca
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La Sierra de Las Cruces
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La Sierra de la Goleta
En conjunto, estas regiones abarcan cerca de 39 municipios, lo que dimensiona la extensión territorial del problema y el impacto directo sobre ecosistemas clave del centro del país.
Ante este escenario, autoridades ambientales impulsan proyectos de largo alcance para blindar las zonas forestales más vulnerables. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) trabaja en una estrategia para consolidar la protección del Gran Corredor Bosque de Agua, que integrará territorios del Estado de México, Morelos y la Ciudad de México.
Este corredor podría alcanzar hasta un millón de hectáreas, combinando áreas bajo resguardo federal, estatal y municipal, además de terrenos que las propias comunidades decidan destinar a la conservación. La iniciativa se alinea con compromisos internacionales que buscan garantizar la protección de al menos 30 por ciento del territorio nacional.
El fortalecimiento de la vigilancia forestal también va acompañado de cambios legales. A nivel federal, el Congreso aprobó reformas para endurecer las sanciones contra los delitos ambientales, con la intención de frenar la tala ilegal y castigar de manera más severa a quienes lucran con la devastación de los bosques.
Autoridades ambientales adelantaron que a partir de 2026 se reforzará el blindaje del Gran Corredor del Agua, priorizando la protección de la flora, la fauna y los servicios ambientales que estos ecosistemas brindan a millones de personas.
En conclusión, la tala ilegal en el Estado de México no solo amenaza la biodiversidad, sino que también pone en riesgo la seguridad de comunidades y cuerpos policiacos. Mientras los operativos continúan y los proyectos de conservación avanzan, especialistas coinciden en que la solución requiere una combinación de vigilancia permanente, sanciones efectivas y participación comunitaria.
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