Temoaya: Que sucede en Temoaya y el poco o nulo actuar del DIF
Vanessa “N” y Óscar “N” permanecerán bajo prisión preventiva mientras continúan dos investigaciones relacionadas con sus hijos; una de ellas corresponde a la muerte de un menor ocurrida en septiembre.
Temoaya, Estado de México.— Un juez vinculó a proceso a Vanessa “N” y Óscar “N” por hechos presuntamente cometidos contra uno de sus hijos menores de edad, mientras ambos son investigados además por la muerte de otro de sus hijos ocurrida en el municipio de Temoaya.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que Vanessa “N” enfrenta un proceso por su probable participación en el delito de violencia familiar, mientras que Óscar “N” fue vinculado por su probable intervención en abuso sexual, ambos en agravio de un menor de edad.
El juez impuso prisión preventiva justificada como medida cautelar y estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
Fiscalía investiga presuntas agresiones contra un menor
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía mexiquense, los hechos que derivaron en este proceso habrían ocurrido entre el 26 y 27 de septiembre en un domicilio ubicado en la localidad de Tlaltenango Abajo, Temoaya.
Según los datos presentados por el Ministerio Público, el menor se encontraba en ese lugar con sus padres cuando Vanessa “N” presuntamente habría ejercido violencia física y psicológica en su contra, además de negarle alimentos.
Durante una revisión, las autoridades habrían identificado en el menor una cicatriz correspondiente a una quemadura de segundo grado, cuya forma habría sido compatible con una plancha, de acuerdo con la información proporcionada por la FGJEM.
La Fiscalía también señala que, durante ese mismo periodo, el menor habría sido víctima de tocamientos de índole sexual, que atribuye presuntamente a Óscar “N”.
A partir de estos hechos, el Ministerio Público obtuvo órdenes de aprehensión contra ambos.
Posteriormente fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya de Juárez, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial.
Durante la audiencia, la Fiscalía presentó los datos de prueba que considera relevantes para establecer la probable participación de los acusados. El juez determinó que existen elementos suficientes para iniciar el proceso penal, sin que esto implique una declaración de culpabilidad.
También enfrentan investigación por la muerte de otro menor
El caso tomó otra dimensión debido a que Vanessa “N” y Óscar “N” también son investigados por la muerte de otro de sus hijos, localizada días antes en la misma zona de Temoaya.
El 24 de septiembre, policías municipales acudieron a un domicilio de la localidad de Tlaltenango, donde encontraron sin vida a un menor de edad.
Posteriormente, la FGJEM informó que los estudios periciales establecieron como causa de muerte una hemorragia aguda derivada de la ruptura de várices gástricas, en un contexto que la investigación relaciona con desnutrición y periodos prolongados de ayuno.
La Fiscalía también reportó que el cuerpo presentaba lesiones físicas en distintas partes.
A partir de las diligencias realizadas, el Ministerio Público identificó a Vanessa “N” y Óscar “N” como probables responsables del delito de homicidio calificado y obtuvo órdenes de aprehensión.
Debido a que ambos ya se encontraban privados de la libertad por la investigación relacionada con el otro menor, las órdenes fueron cumplimentadas en reclusión.
Dos procesos y una investigación que todavía debe esclarecerse
La situación jurídica de los dos adultos se desarrolla, por tanto, en dos investigaciones diferentes.
La primera está relacionada con los presuntos actos de violencia familiar y abuso sexual denunciados en agravio de uno de sus hijos. En este expediente, Vanessa “N” fue vinculada por violencia familiar y Óscar “N” por abuso sexual.
La segunda investigación corresponde a la muerte de otro menor, por la cual ambos son señalados como probables responsables de homicidio calificado.
La Fiscalía del Estado de México ha señalado que, en caso de que se acrediten judicialmente las responsabilidades, las consecuencias penales podrían ser significativas. Para violencia familiar, la información proporcionada por la institución contempla una pena de tres a siete años de prisión, mientras que para abuso sexual se refiere a una posible sanción de ocho a 15 años.
En cuanto al homicidio calificado, la FGJEM ha señalado previamente que, de acreditarse la responsabilidad ante un juez, la pena podría ubicarse entre 25 y 70 años de prisión.
Sin embargo, estas posibles sanciones solamente serían aplicables si las autoridades judiciales determinan la responsabilidad penal correspondiente mediante una sentencia.
El caso obliga a preguntar dónde fallaron las redes de protección
Más allá de los procesos penales que ahora deberán avanzar ante los tribunales, el caso de Temoaya plantea una pregunta que trasciende a los dos adultos investigados: ¿qué mecanismos de protección existían alrededor de estos menores y en qué momento pudieron haber fallado?
Cuando una investigación involucra presuntas agresiones físicas, falta de alimentación, posibles abusos sexuales y finalmente la muerte de un menor, el problema no puede analizarse únicamente desde la perspectiva de las consecuencias penales.
También resulta indispensable determinar si hubo señales que pudieron ser detectadas con anticipación, si alguna autoridad recibió reportes previos y si las instituciones responsables de proteger a niñas, niños y adolescentes contaban con información que permitiera intervenir.
La justicia tendrá que determinar responsabilidades individuales con base en pruebas y bajo las reglas del debido proceso. Pero la sociedad también necesita respuestas sobre cómo prevenir que una situación de violencia contra menores llegue a consecuencias irreversibles.
El cuestionamiento para las autoridades es directo: ¿qué ocurrió antes de que estos hechos fueran descubiertos y qué medidas pueden evitar que otro menor permanezca invisible ante las instituciones encargadas de protegerlo?
Presunción de inocencia ante los cadaveres.
Vanessa “N” y Óscar “N” son personas investigadas y sujetas a procesos penales, no personas condenadas. La vinculación a proceso significa que un juez determinó que existen elementos para continuar las investigaciones bajo un proceso judicial, pero no constituye una sentencia de culpabilidad.
Ambos deben ser considerados inocentes mientras no exista una resolución judicial firme que determine lo contrario.
¡Únete a nuestro grupo de WhatsApp y recibe GRATIS las noticias más importantes directo en tu celular!
