El aumento de tarifas al transporte público en Toluca sigue generando controversia y discusión entre los transportistas y las autoridades locales. En recientes declaraciones, Odilón López Nava, Delegado de la Cámara Nacional de Autotransportes de Pasaje y Turismo (CANAPAT), subrayó la necesidad de este incremento de 4 pesos, el cual tiene como objetivo combatir el crecimiento del transporte irregular que afecta tanto la economía de los operadores como la seguridad de los usuarios.
López Nava destacó que, en la región de Toluca, los taxis irregulares, autos particulares, vagonetas, motocicletas, vehículos compactos y plataformas de transporte digital han tomado fuerza. Este panorama, según el delegado, ha generado una grave crisis financiera que complica las condiciones de trabajo para los transportistas legales. La competencia desleal y la falta de regulación han creado un entorno de incertidumbre que afecta tanto a las empresas formales como a los usuarios.
“El aumento es necesario para hacer frente a esta crisis causada por la proliferación del transporte irregular, que no solo está afectando nuestra economía, sino también la calidad y seguridad del servicio”, comentó López Nava.
Además, señaló que la situación ha generado lo que calificó como una “anarquía” en la movilidad, debido a la falta de acción por parte de las autoridades encargadas de la regulación del transporte.
Uno de los puntos más fuertes de las declaraciones de López Nava fue su crítica a la Secretaría de Movilidad del Estado de México, a la que acusó de no cumplir con su compromiso de atender adecuadamente la situación del transporte en la entidad. El delegado afirmó que, al no regularizar el transporte irregular, se han generado múltiples problemas, incluyendo extorsiones y la aparición de “pseudo-transportistas” que operan sin los debidos permisos, afectando tanto a los conductores como a los usuarios.
“La Secretaría de Movilidad ha demostrado una falta de interés en resolver esta problemática, lo que ha permitido la expansión de prácticas irregulares que ponen en peligro la integridad de los pasajeros y afectan a los transportistas que cumplen con las normativas”, expresó López Nava.
Otro factor crucial que argumenta la CANAPAT para justificar el aumento de tarifas es el impacto económico que han tenido los últimos años en el sector transporte. López Nava recordó que la inflación del 26% en el costo del combustible y el aumento del 45% en el precio de los autobuses han afectado directamente la viabilidad financiera de las empresas del sector. A esto se suma un aumento generalizado en el costo de vida, que ha provocado que los operadores del transporte público enfrenten mayores demandas salariales y condiciones laborales más complejas.
Con el fin de presentar una postura más clara y fundamentada, López Nava también hizo referencia a la solicitud de una reunión con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. La idea es presentar datos precisos sobre la situación económica del sector y contrarrestar los informes que, según él, han sido proporcionados por el Instituto del Transporte y que considera erróneos.
“Hemos solicitado una reunión urgente con la gobernadora para mostrarle los números reales del sector y poder discutir las razones detrás del aumento. Es crucial que las autoridades comprendan la situación que estamos atravesando”, mencionó López Nava. Según sus declaraciones, el objetivo es que las autoridades estatales reconozcan la realidad económica del transporte público y ajusten las políticas en consecuencia.
Finalmente, López Nava compartió que, recientemente, hubo una reunión con el Secretario de Movilidad, Daniel Sibaja, en la que se solicitó la intervención directa de la gobernadora. Sin embargo, lamentó que el motivo principal de la reunión, según los funcionarios, fuera exclusivamente para tratar temas administrativos como las ventanillas y reportes, dejando fuera la discusión sobre el aumento de tarifas y la crisis del transporte público.
En conclusión, el debate sobre el aumento de tarifas al transporte público en Toluca refleja una crisis que va más allá de un simple ajuste económico. Los transportistas exigen que las autoridades se hagan cargo de la regulación del transporte irregular y brinden respuestas claras ante una situación que está afectando gravemente la estabilidad del sector. Sin un compromiso firme de las autoridades para resolver este problema, las consecuencias podrían ser aún más graves tanto para los trabajadores del transporte como para los usuarios del servicio público.