La administración de Donald Trump incluyó nuevamente a México entre los principales países de tránsito y producción de drogas ilícitas para el año fiscal 2027, aunque reconoció acciones del gobierno de Claudia Sheinbaum contra el narcotráfico.
La relación entre México y Estados Unidos vuelve a tener en el combate al narcotráfico uno de sus principales puntos de tensión. La administración del presidente Donald Trump pidió al gobierno mexicano reforzar las acciones contra los grupos criminales y, particularmente, investigar a funcionarios públicos que presuntamente hayan colaborado con organizaciones delictivas.
La postura forma parte de la determinación estadounidense sobre los países considerados relevantes para el tránsito o producción de drogas ilícitas durante el año fiscal 2027. El documento presentado por Trump al Congreso incluye a México entre 23 países señalados por su relación con las rutas internacionales de drogas.
Sin embargo, existe una precisión importante: aparecer en esta lista no significa automáticamente que Washington considere que un gobierno haya incumplido sus compromisos internacionales de combate a las drogas. Para 2027, Estados Unidos reservó la clasificación de países que “fallaron demostrablemente” para Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia.
Trump reconoce avances de Sheinbaum, pero pide más resultados
El mensaje de la administración estadounidense tiene dos componentes. Por un lado, reconoce acciones realizadas por el gobierno de Claudia Sheinbaum, entre ellas el aseguramiento de drogas, el desmantelamiento de laboratorios clandestinos y el despliegue de fuerzas de seguridad en la frontera con Estados Unidos.
Por otro, Washington considera que México debe ampliar sus esfuerzos contra las organizaciones criminales y sus estructuras financieras y logísticas.
Entre las medidas planteadas se encuentra fortalecer los controles en los puntos de entrada, incrementar las inspecciones y mejorar la seguridad de las cadenas de suministro. La estrategia estadounidense también contempla para México acciones dirigidas al aseguramiento de precursores químicos y a la reducción de la producción de drogas sintéticas.
Pero uno de los señalamientos con mayor impacto político es el llamado a identificar, detener y llevar ante la justicia a funcionarios públicos que hayan colaborado con los cárteles.
Aquí aparece uno de los mayores desafíos para las autoridades mexicanas: no solamente combatir a quienes producen, transportan o distribuyen drogas, sino investigar posibles redes de corrupción que pudieran permitir que las organizaciones criminales tengan protección, información privilegiada o capacidad de operación dentro de instituciones públicas.
La exigencia estadounidense, por sí misma, no constituye una acusación contra funcionarios mexicanos específicos. Cualquier señalamiento de esa naturaleza tendría que sustentarse en investigaciones y procesos judiciales concretos, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia.
La presión también pone sobre la mesa la soberanía
La discusión adquiere una dimensión adicional porque el combate al narcotráfico no ocurre únicamente dentro de México. Estados Unidos busca reducir el ingreso de drogas a su territorio, mientras México enfrenta directamente la violencia, las disputas territoriales y las estructuras económicas que generan las organizaciones criminales.
La administración Trump sostiene que sus propias acciones han incrementado las incautaciones de drogas y afectado las estructuras financieras y operativas de los cárteles. Al mismo tiempo, su estrategia nacional contra las drogas establece objetivos específicos para México, entre ellos asegurar precursores y reducir la producción de drogas sintéticas.
Esto coloca al gobierno mexicano ante una discusión compleja: ¿cómo incrementar la cooperación con Estados Unidos sin permitir que la política de seguridad mexicana quede determinada desde Washington?
La pregunta no es menor. México tiene intereses propios en materia de seguridad y debe responder ante su población por los resultados de sus instituciones. Al mismo tiempo, la dimensión transnacional del narcotráfico hace difícil enfrentar el problema sin intercambio de inteligencia, cooperación judicial, control fronterizo y acciones coordinadas contra las finanzas criminales.
Otro punto que merece atención es el tráfico de precursores químicos y armas. La estrategia estadounidense señala a México como un punto prioritario para reducir la producción de drogas sintéticas, mientras Washington también identifica a China como una fuente importante de sustancias químicas utilizadas en la fabricación ilícita de drogas sintéticas.
combatir al cártel también significa investigar al poder
El señalamiento sobre posibles funcionarios vinculados con organizaciones criminales toca uno de los problemas más delicados de cualquier estrategia de seguridad: la corrupción institucional.
Un operativo puede decomisar toneladas de droga, destruir laboratorios o detener integrantes de una organización. Pero si existen servidores públicos que facilitan información, permiten operaciones, protegen rutas o intervienen para evitar investigaciones, la capacidad del Estado para combatir al crimen queda seriamente comprometida.
Eso no significa aceptar sin pruebas cualquier acusación. Precisamente por la gravedad del señalamiento, las investigaciones deben ser sólidas, transparentes y sustentadas en evidencia.
También sería pertinente que la discusión no se limite a lo que exige Estados Unidos. México tendría que explicar a su propia ciudadanía cuántas investigaciones existen contra funcionarios por presuntos vínculos con organizaciones criminales, cuántas han llegado ante un juez y cuántas han terminado en sentencias firmes.
Porque el problema de fondo no debería reducirse a responderle a Donald Trump.
La pregunta central es otra: ¿qué tan capaces son las instituciones mexicanas de investigar al crimen organizado cuando las pesquisas pueden tocar intereses políticos, económicos o institucionales?
Y hay otra cuestión que los ciudadanos también pueden hacerse: ¿de qué sirve aumentar decomisos y despliegues de seguridad si las estructuras de corrupción que permiten operar a las organizaciones criminales permanecen intactas?
La presión de Washington puede aumentar, pero la evaluación definitiva de la estrategia de seguridad tendrá que hacerse también desde México, con datos verificables, investigaciones judiciales y resultados que puedan ser explicados públicamente.
Al final, combatir a los cárteles no consiste únicamente en perseguir a quienes están en las calles. También implica seguir el dinero, cerrar las rutas de suministro, controlar los precursores, investigar la corrupción y garantizar que quien incurra en un delito —sea integrante de una organización criminal o servidor público— responda ante la justicia conforme a la ley.
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