En las últimas horas, un asunto perturbador emergió desde los límites de las alcaldías de Tláhuac e Iztapalapa, en la Ciudad de México, donde la Fiscalía General de Justicia (FGJ-CDMX) ha confirmado que los restos óseos encontrados recientemente son de origen animal, específicamente perros. Este hallazgo ha levantado una serie de preguntas y especulaciones, avivadas por las acusaciones de Ceci Flores, madre buscadora, quien ha sugerido que la verdad está siendo ocultada por las autoridades.
Ulises Lara López, encargado de la FGJ-CDMX, junto a Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), aseguraron en una conferencia que el sitio investigado no es una fosa clandestina ni un crematorio, contrariamente a lo que se había rumoreado inicialmente. Estas declaraciones surgen luego de análisis antropológicos, que determinaron que los 14 restos óseos hallados no corresponden a humanos, sino a animales.
Además, el análisis de cenizas en el lugar reveló que estas tampoco son restos humanos, sino de animales, junto con residuos de llantas, basura y plásticos. Lara destacó que la ubicación del sitio es de fácil acceso, lo cual, según él, descartaría la posibilidad de usarlo para actividades ilícitas como la cremación de cuerpos sin llamar la atención de los residentes locales.
A pesar de estas explicaciones, la comunidad y activistas como Ceci Flores expresan dudas y desconfianza hacia las autoridades. Flores, conocida por su labor incansable en la búsqueda de desaparecidos, cuestiona la rapidez y transparencia del proceso de investigación, señalando una posible intención de las autoridades por evitar polémicas o escándalos que puedan impactar la percepción pública de la seguridad en la capital.
La situación es compleja, dado que no hay cámaras de videovigilancia en la vasta área de cinco hectáreas ahora resguardada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Policía de Investigación (PDI), policías capitalinos y guardias nacionales. Esto complica aún más el proceso para identificar testigos o recolectar evidencias adicionales que puedan corroborar o desmentir las declaraciones oficiales.
Ante tal contexto, emergen preguntas cruciales: ¿Están las autoridades de la Ciudad de México manejando el caso con la debida diligencia y transparencia? ¿Existe algún motivo detrás de la rápida clasificación de los restos como no humanos? Y más importante aún, ¿cómo se asegurará que la verdad salga a la luz, sea cual sea el resultado final?
Este caso no solo es un testamento de la persistente inquietud en torno a la seguridad y la justicia en áreas clave de la capital, sino también un recordatorio del papel crucial que juegan la transparencia y la confianza en la relación entre ciudadanos y autoridades. A medida que la investigación continúa, será fundamental mantener un escrutinio riguroso para asegurar que todas las voces sean escuchadas y que la verdad no quede enterrada bajo capas de incertidumbre y especulación.
