La reforma constitucional establece un nuevo requisito para quienes aspiren a la Presidencia de México, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. La medida no elimina la doble nacionalidad para los ciudadanos en general.
Ciudad de México.— La presidenta Claudia Sheinbaum firmó este miércoles el decreto de reforma constitucional que establece nuevas reglas de nacionalidad para quienes pretendan competir por la Presidencia de México, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
La modificación comenzará a aplicarse a partir del proceso electoral de 2028 y establece que las personas con doble nacionalidad que busquen alguno de esos cargos deberán renunciar a la nacionalidad adicional antes de solicitar su registro como candidatas o candidatos.
El decreto fue firmado después de que la reforma obtuviera la aprobación de la Cámara de Diputados, el Senado de la República y 22 congresos estatales, con lo que cumplió el procedimiento constitucional para avanzar hacia su promulgación.
¿Qué cambia para los candidatos con doble nacionalidad?
Uno de los puntos centrales de la reforma es que no se prohíbe a los mexicanos tener doble nacionalidad. La modificación establece una condición específica para quienes aspiren a determinados cargos del Poder Ejecutivo.
La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, explicó que una persona que tenga nacionalidad mexicana y otra ciudadanía podrá conservar esa condición en su vida privada; sin embargo, si pretende registrarse para competir por la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de CDMX, tendrá que acreditar previamente la renuncia a la nacionalidad adicional.
El requisito deberá cumplirse antes del registro ante las autoridades electorales, por lo que las personas interesadas tendrán que realizar con anticipación los trámites correspondientes.
La aplicación de la reforma comenzará en 2028, de acuerdo con el régimen transitorio aprobado. Por ello, las elecciones federales de 2027 no estarán sujetas a esta nueva condición.
La reforma modifica disposiciones constitucionales relacionadas con los requisitos para ocupar la Presidencia, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la capital del país.
Nacionalidad, soberanía y derechos políticos: el debate que abre la reforma
El gobierno federal ha defendido la modificación bajo el argumento de que quienes encabecen los gobiernos deben mantener una relación exclusiva de nacionalidad con México y evitar posibles conflictos derivados de vínculos jurídicos con otros países.
La iniciativa fue respaldada por legisladores que consideran que los cargos de mayor responsabilidad ejecutiva requieren una condición de nacionalidad única. Durante su discusión en la Cámara de Diputados, también hubo posiciones que cuestionaron la reforma por considerar que introduce una restricción a los derechos políticos de ciudadanos mexicanos que cuentan con otra nacionalidad.
La discusión, por tanto, no se limita al procedimiento para renunciar a otra nacionalidad. También plantea un debate sobre hasta dónde puede llegar la legislación al establecer requisitos diferenciados para ejercer determinados cargos públicos.
Otro elemento pendiente será conocer con precisión los procedimientos administrativos para acreditar la renuncia. De acuerdo con información presentada durante la discusión de la reforma, las leyes secundarias deberán establecer cómo se comprobará el cumplimiento del requisito y qué autoridades intervendrán en el proceso.
Esto será particularmente relevante para las personas que adquirieron una segunda nacionalidad desde el nacimiento por las leyes del país donde nacieron o por su relación familiar con ciudadanos extranjeros.
¿La doble nacionalidad queda prohibida en México?
No.
La reforma no elimina el derecho general de los mexicanos a contar con otra nacionalidad. El cambio se concentra en quienes pretendan registrarse como candidatos a tres tipos de cargos:
- Presidencia de la República.
- Gubernaturas de los estados.
- Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
En esos casos, quienes tengan una segunda nacionalidad deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro electoral, conforme a las nuevas disposiciones que serán aplicables desde 2028.
La reforma abre una discusión que irá más allá de la próxima elección. Por un lado, plantea que determinados cargos de gobierno deben estar sujetos a una condición de nacionalidad única; por otro, toca una realidad cada vez más común: mexicanos que adquieren otra nacionalidad por nacimiento, residencia o vínculos familiares.
El verdadero debate estará en cómo se aplique la nueva regla y si el procedimiento para renunciar a otra nacionalidad resulta claro, accesible y jurídicamente consistente.
¿La nacionalidad única para quienes aspiren a estos cargos fortalece la exigencia de lealtad al Estado mexicano o debería permitirse que una persona con doble nacionalidad pueda competir siempre que cumpla con los demás requisitos constitucionales?
La respuesta corresponderá al debate público y, eventualmente, a la interpretación de las nuevas disposiciones.
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