La capacitación impartida por la CNBV reunió a 2 mil integrantes del Poder Judicial del Estado de México para mejorar el uso del SIARA en casos donde conocer cuentas, fondos y capacidad económica puede ser determinante para resolver un juicio.
Toluca, Estado de México.— El acceso oportuno a información financiera puede convertirse en un factor decisivo para que un juicio avance o permanezca detenido durante meses. Ante esta realidad, el Poder Judicial del Estado de México (PJEdomex) busca mejorar los mecanismos mediante los cuales juezas, jueces y personal judicial solicitan datos al sistema financiero.
Con ese objetivo se llevó a cabo el “Taller para la elaboración de requerimientos de Autoridades a través del Sistema de Atención de Requerimientos de Autoridad (SIARA)”, impartido por especialistas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
La jornada reunió a alrededor de 2 mil personas servidoras públicas judiciales, entre ellas magistradas, magistrados, juezas, jueces, secretarias, secretarios y personal técnico. De ese total, 400 participaron presencialmente y el resto siguió las actividades a distancia.
Información bancaria: un elemento que puede cambiar el rumbo de un juicio
Durante la capacitación, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Héctor Macedo García, señaló que el propósito no es únicamente enseñar el funcionamiento de una plataforma tecnológica, sino mejorar la manera en que los órganos jurisdiccionales solicitan información financiera.
El objetivo, explicó, es conseguir menos requerimientos, respuestas más rápidas y datos que realmente sean útiles para la resolución de los asuntos.
La información financiera puede resultar relevante en procedimientos muy distintos. En materia familiar, por ejemplo, conocer la capacidad económica de una persona puede ser fundamental para establecer obligaciones relacionadas con pensiones alimenticias y la protección de niñas, niños y adolescentes.
En otros casos puede contribuir a esclarecer posibles fraudes, abusos de confianza, movimientos financieros irregulares, conflictos mercantiles, asuntos laborales u operaciones relacionadas con recursos de procedencia ilícita.
También puede ser necesaria para conocer la situación de determinadas cuentas, transferencias, fondos o medidas relacionadas con el aseguramiento y desbloqueo de recursos.
El problema aparece cuando una solicitud judicial tarda demasiado en obtener respuesta.
Macedo García señaló que existen casos en los que las instituciones bancarias han tardado hasta un año en contestar determinados requerimientos, incluso cuando la respuesta consiste simplemente en informar que no existen registros.
Ese tipo de retrasos no solamente afecta la duración de un procedimiento. También puede terminar generando una percepción negativa sobre el funcionamiento de la justicia.
El reto: que la tecnología realmente reduzca los tiempos
La capacitación estuvo encabezada por Juan Ayax Fuentes Mendoza, vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la CNBV, junto con especialistas del organismo y del Poder Judicial mexiquense.
Fuentes Mendoza explicó que la CNBV desempeña una función de enlace técnico y normativo entre los órganos jurisdiccionales y las instituciones que forman parte del sistema financiero.
Uno de los puntos centrales fue explicar que la solicitud de información bancaria no puede realizarse de cualquier manera. Los datos financieros tienen un carácter particularmente sensible y su obtención debe sujetarse a los requisitos legales, técnicos y de seguridad correspondientes.
Por ello, el taller abordó el funcionamiento del SIARA, desde la elaboración y captura de una solicitud hasta su firma, envío, seguimiento y recepción de la respuesta.
Los participantes también conocieron aspectos relacionados con el historial de requerimientos, documentación, posibles causas de rechazo, administración de usuarios y utilización del Portal de Gestión Documental.
La parte práctica estuvo a cargo de Cynthia Daniela Delgado García, Humberto Ríos Ruiz y Hugo Daniel López Flores, integrantes de la CNBV.
También participaron Cristel Yunuen Pozas Serrano, secretaria de Acuerdos, y César Búlmaro Díaz Morán, coordinador de Enlaces con Órganos Jurisdiccionales del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.
Una justicia más rápida también depende de los detalles
El planteamiento parece sencillo: si un juzgado necesita conocer información financiera para tomar una decisión, debe poder solicitarla correctamente y recibirla en un plazo razonable.
Sin embargo, detrás de esa operación existe una cadena de procesos que involucra al Poder Judicial, la CNBV y las instituciones financieras.
Una solicitud incompleta, un documento que no cumple con las características requeridas o un procedimiento utilizado de manera incorrecta puede convertirse en una nueva demora.
Por ello, desde el PJEdomex se planteó la necesidad de identificar las prácticas que generan retrasos, mantener comunicación permanente con la CNBV e incluso desarrollar manuales de buenas prácticas que permitan homologar procedimientos.
La meta es que la herramienta tecnológica no sea simplemente un requisito administrativo, sino un mecanismo capaz de contribuir a que los expedientes avancen.
¿Cuánto puede esperar una persona para que llegue una respuesta?
La discusión sobre la justicia no debería limitarse a cuántos asuntos se resuelven. También tendría que considerar cuánto tiempo tarda en llegar la información que hace posible una resolución.
Un año de espera para obtener información financiera puede resultar especialmente grave cuando está en juego una pensión alimenticia, el patrimonio de una persona, una disputa comercial o una investigación relacionada con posibles delitos.
La capacitación de 2 mil integrantes del Poder Judicial mexiquense es, sin duda, un paso importante. Pero el verdadero indicador de éxito tendrá que verse en los expedientes: ¿disminuirán realmente los tiempos de respuesta?, ¿habrá menos solicitudes rechazadas?, ¿los juzgados recibirán información más precisa y completa?
La tecnología puede facilitar el trabajo, pero no sustituye la responsabilidad institucional de utilizarla correctamente.
Y aquí queda una pregunta para los lectores de Notidex: si la información necesaria para resolver un juicio puede tardar hasta un año en llegar, ¿podemos hablar de una justicia verdaderamente pronta y efectiva?
El desafío para el PJEdomex no termina con capacitar a su personal. El siguiente paso será demostrar que ese conocimiento se traduce en menos burocracia, menor tiempo de espera y resoluciones más oportunas para quienes acuden a los tribunales en busca de justicia.
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