En una vergonzosa y alarmante revelación, cámaras de videovigilancia instaladas en dos barberías de Santiago Miltepec, Estado de México, han captado a Policías de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cometiendo un acto de corrupción que es tanto condenable como perturbador. Según las imágenes, los agentes sembraron envoltorios con presunta droga en los establecimientos y, tras plantar las “pruebas”, procedieron a extorsionar a los propietarios, exigiendo dinero a cambio de no presentar cargos falsos.
Este acto, que pone en evidencia una preocupante falta de ética y de respeto por la ley por parte de los mismos encargados de hacerla cumplir, se enmarca dentro del controversial Operativo Atarraya, diseñado supuestamente para erradicar el crimen organizado y los negocios vinculados al tráfico de drogas. Sin embargo, lo que se observa es un uso perverso de la autoridad, en lugar de una verdadera lucha contra la delincuencia.
¿Un Operativo para Combatir el Crimen o un Pretexto para Extorsionar?
El Operativo Atarraya, llevado a cabo en 20 municipios del Estado de México, busca atacar los negocios presuntamente utilizados para la venta o el consumo de drogas. Según la versión oficial de la FGJEM, se han “asegurado” 312 barberías y estéticas como parte de este operativo, gracias a una combinación de “actos de investigación de campo, denuncias ciudadanas e información de inteligencia”.
Sin embargo, lo que parece ser una campaña legítima de lucha contra el crimen se ha convertido en una mera fachada para la extorsión y el abuso de poder. Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran a los policías colocando envoltorios con droga en las barberías, lo que no solo destruye la credibilidad del operativo, sino que también pone en duda la integridad de las investigaciones realizadas por la FGJEM.
La Policía como la Amenaza, No la Protección
Este escándalo subraya la creciente desconfianza hacia las fuerzas del orden en el Estado de México. Si los encargados de investigar el crimen y garantizar la seguridad son los mismos que fabrican pruebas falsas y extorsionan a los ciudadanos, ¿qué esperanza tienen los ciudadanos de recibir justicia? Este acto no solo es una flagrante violación de los derechos humanos, sino que refleja una profunda corrupción dentro de la misma estructura policial que debería estar luchando contra la delincuencia organizada.
Lo más indignante es que este tipo de acciones no solo afectan a los dueños de las barberías extorsionadas, sino que también socavan la confianza de toda la comunidad en la policía. El hecho de que los agentes utilicen métodos tan bajos y destructivos demuestra un nivel de corrupción alarmante que solo perpetúa la impunidad en el sistema de justicia.
La FGJEM y la Necesaria Transparencia
Las autoridades no pueden permitirse mirar hacia otro lado ante estos actos de corrupción. Exigir justicia en este caso no es solo una cuestión de hacer cumplir la ley, sino de restaurar la confianza en las instituciones encargadas de velar por la seguridad pública. El Operativo Atarraya debe ser revisado exhaustivamente, y aquellos responsables de estas prácticas deben ser sancionados de acuerdo con la ley, para enviar un mensaje claro de que la corrupción no será tolerada en el seno de las fuerzas del orden.
Además, es fundamental que se implementen medidas de transparencia para que los operativos policiales no se conviertan en una excusa para abusos de poder. Las cámaras de seguridad en los establecimientos y la participación ciudadana son esenciales para detectar y prevenir actos de corrupción de este tipo, pero también es necesario garantizar que las investigaciones sean imparciales y no estén motivadas por intereses personales o corrupción interna.
Una Necesaria Reforma en la Seguridad Pública
Este episodio no es solo un caso aislado; refleja una grave crisis dentro de las instituciones encargadas de la seguridad en el Estado de México. Si los ciudadanos no pueden confiar en los agentes encargados de protegerlos, entonces el sistema de justicia está seriamente comprometido. Es urgente que el gobierno estatal y las autoridades federales tomen medidas inmediatas para erradicar la corrupción dentro de las filas de la policía y garantizar que los operativos no se utilicen como una herramienta de extorsión.
La lucha contra el crimen organizado no puede ser una excusa para la corrupción ni para la intimidación a los ciudadanos inocentes. Lo que hemos presenciado con el Operativo Atarraya es una muestra de la perversa desviación de los recursos destinados a la seguridad pública, y el pueblo del Estado de México merece mucho más que promesas vacías de cambio.
Con información de Viceversa Noticias.
¡Únete a nuestro grupo de WhatsApp y recibe GRATIS las noticias más importantes directo en tu celular!
