La Marquesa, uno de los destinos turísticos más concurridos del Estado de México, esconde una realidad preocupante: los caballos que se utilizan para paseos turísticos viven en condiciones deplorables. Amarrados a postes, sin acceso a agua, alimento ni sombra, estos animales enfrentan un trato que roza el maltrato, una práctica que se ha normalizado en diversos espacios turísticos del Edomex.
Aunque muchas de estas prácticas se presentan como parte de una tradición o un atractivo para los visitantes, la falta de supervisión y regulación convierte esta actividad en un problema serio de bienestar animal. Los caballos, que deberían gozar de cuidados básicos, son explotados en condiciones precarias, sin protección contra las inclemencias del clima ni atención veterinaria adecuada.
Entre 2017 y 2023, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México registró más de 5,900 denuncias por maltrato animal. Los municipios con mayor incidencia son Ecatepec, Toluca, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Tlalnepantla y Tecámac, lugares donde el maltrato a animales se ha convertido en un problema recurrente. En 2024, la cifra de denuncias aumentó un 30% respecto al año anterior, lo que refleja un agravamiento de la situación.
El uso de animales en espectáculos y atracciones no es algo nuevo en la región. En enero de 2025, cuatro ponis, incluyendo una yegua preñada, fueron rescatados de una feria donde eran obligados a girar sin descanso durante todo el día. Más recientemente, en abril de 2025, cinco caballos fueron hallados dentro de un tráiler en Los Reyes La Paz, expuestos a temperaturas extremas durante más de 20 horas sin acceso a agua ni alimento.
En La Marquesa, por un pago aproximado de 200 pesos, turistas pueden recorrer senderos montando a caballo por 30 minutos. Sin embargo, el costo real es el sufrimiento que padecen estos animales, quienes están lejos de contar con condiciones dignas para su cuidado. Esta situación evidencia la falta de aplicación efectiva del Código para la Biodiversidad del Estado de México, que contempla penas de hasta seis años de prisión por causar lesiones o la muerte a un animal.
En conclusión, es fundamental que las autoridades tomen medidas contundentes para garantizar el bienestar de los animales utilizados en actividades turísticas y de entretenimiento. La protección animal debe ser una prioridad y la supervisión constante una obligación para evitar que tradiciones dañinas sigan vigentes. El caso de La Marquesa es un llamado urgente para revisar y aplicar la legislación vigente y promover un turismo responsable y ético.