El ajuste del 13% al salario mínimo, programado para entrar en vigor en enero de 2026, ha encendido alertas entre el sector empresarial del Estado de México. De acuerdo con Julián Niembro, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) Edomex, el incremento podría detonar un aumento en la informalidad laboral, especialmente entre las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), que atraviesan un periodo de ventas bajas, costos operativos al alza y limitada capacidad financiera.
Según Niembro, el salario mínimo ha registrado incrementos consecutivos durante los últimos siete años, situación que aunque positiva para los trabajadores ha reducido de manera sostenida los márgenes de operación de los negocios locales.
El dirigente empresarial señaló que:
-
8 de cada 10 empleos en México provienen de micro y pequeños negocios.
-
Un alza de esta magnitud podría reflejarse en recortes de personal, reducción de prestaciones y modificaciones en contratos.
-
Muchos establecimientos podrían optar por operar de forma informal para evitar mayores cargas salariales y fiscales.
Niembro enfatizó que el riesgo no radica solo en cierres de negocios, sino en la pérdida de patrones registrados ante el IMSS, lo que disminuiría la recaudación y afectaría la capacidad del estado para sostener servicios públicos.
El presidente de COPARMEX Edomex explicó que la decisión de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos llega en un contexto complejo:
-
Ventas a la baja en negocios locales.
-
Incremento constante en insumos y servicios, incluidos energía, transporte y materias primas.
-
Inflación alimentaria que supera el crecimiento del ingreso disponible.
La consecuencia inmediata, dijo, será una mayor dificultad para absorber el aumento salarial sin comprometer la estabilidad de los negocios.
El ajuste salarial coincide con factores que ya presionan el costo de vida en la región. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) ha advertido que la canasta básica continuará al alza en 2026, incrementada por extorsiones, nuevos impuestos y el encarecimiento generalizado de alimentos y bebidas.
A su vez, representantes de la Canaco Toluca señalaron que medidas fiscales, como el aumento al IEPS en refrescos y bebidas endulzadas, no reducirán su consumo, pero sí elevarán costos operativos para los comercios.
En contraste con las preocupaciones del sector empresarial, los sindicatos ven el incremento salarial como un paso necesario para recuperar el poder adquisitivo.
El secretario general de la Confederación de Trabajadores y Campesinos (CTC), Abel Domínguez Azuz, afirmó que:
-
El aumento representa una mejora tangible para las familias que dependen del ingreso mínimo.
-
Será indispensable mantener procesos de negociación con el sector empresarial para evitar que los precios de bienes esenciales anulen el beneficio.
-
En diciembre, cuando el consumo se dispara y los precios tienden a subir, las familias resentirán aún más los efectos del encarecimiento.
Domínguez enfatizó que el reto es lograr que el incremento no solo se refleje en nómina, sino en mejores condiciones laborales y estabilidad en el empleo.
Aunque tanto empresarios como trabajadores coinciden en la necesidad de fortalecer el salario mínimo, la forma de lograrlo genera posturas divergentes:
-
Sector empresarial: advierte que el aumento llega en un momento de debilidad económica y presión administrativa para las Mipymes.
-
Sector sindical: considera el ajuste como un avance social necesario, pero reconoce que deberá gestionarse con responsabilidad para no generar efectos adversos.
En conclusión, el debate permanecerá abierto en los próximos meses, mientras los negocios se preparan para enfrentar un 2026 marcado por mayores obligaciones salariales, un panorama económico incierto y la búsqueda de equilibrio entre productividad y justicia laboral.
¡Únete a nuestro grupo de WhatsApp y recibe GRATIS las noticias más importantes directo en tu celular!
