La diputada local Rebeca Peralta León, integrante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y representante de Iztapalapa en el Congreso de la Ciudad de México, volvió a colocarse en el centro del debate público tras presentar una iniciativa considerada por muchos como exagerada: prohibir la fabricación, venta y distribución de pistolas de agua y otros juguetes que simulan armas.
Aunque Peralta tiene una larga trayectoria política que inició en los años 90 dentro del PRD antes de sumarse al PVEM pocas de sus propuestas habían generado tanta controversia como esta, que incluso ha sido calificada de “desconectada de la realidad” por sectores ciudadanos y especialistas en desarrollo infantil.
La propuesta de la diputada busca modificar la normativa de la Ciudad de México para vetar cualquier juguete con apariencia bélica, desde pistolas de agua hasta réplicas de armas, cuchillos o explosivos. Además, pretende incorporar estas restricciones tanto a la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como a la Ley de Establecimientos Mercantiles de la capital.
En términos prácticos, su iniciativa implicaría:
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Prohibir que se fabriquen juguetes con cualquier similitud a un arma.
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Impedir su venta en comercios, mercados y espacios públicos.
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Regular su distribución incluso en puntos informales y plataformas digitales.
La diputada sostiene que los juguetes bélicos “normalizan la violencia” y fomentan comportamientos agresivos en la infancia. Sin embargo, estas afirmaciones han sido cuestionadas por especialistas que señalan que no existe evidencia concluyente para justificar restricciones tan amplias.
El argumento central de Peralta es que la niñez mexicana necesita alejarse de estereotipos violentos y acercarse a dinámicas de juego que desarrollen la creatividad. No obstante, la iniciativa ha sido interpretada por críticos como un intento de legislar desde la percepción personal más que desde datos y estudios serios.
Mientras la diputada afirma que las pistolas de agua contribuyen a generar conductas agresivas, distintas voces recuerdan que la mayoría de estos juguetes:
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No simulan armas reales.
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Son utilizados en actividades recreativas sin contenido violento.
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No representan un riesgo social ni psicológico demostrado.
Algunos analistas incluso consideran que la propuesta desvía la atención de problemas más urgentes en la capital, como la inseguridad, el acceso desigual a servicios o la falta de espacios recreativos seguros, temas donde la acción legislativa tendría un impacto real.
Otro punto que ha generado incomodidad es que, mientras la diputada concentra esfuerzos en prohibir pistolas de agua, el debate nacional sobre videojuegos y contenidos digitales violentos sigue sin soluciones claras.
Aunque recientemente se habló de un impuesto adicional del 8% a videojuegos con temática violenta, este tema no forma parte de la iniciativa de Peralta, lo cual demuestra según sus detractores una postura selectiva e inconsistente frente a los factores que realmente influyen en la construcción de conductas infantiles.
La ciudadanía ha manifestado dudas sobre si esta propuesta realmente contribuye a reducir la violencia o si simplemente representa una medida simbólica sin efecto medible. En redes sociales, diversos usuarios han señalado que prohibir pistolas de agua no cambiará las condiciones sociales que sí influyen directamente en la violencia infantil: pobreza, falta de educación emocional, ausencia de espacios deportivos y exposición a entornos familiares conflictivos.
Además, comerciantes y productores advierten que la iniciativa afectaría a pequeños negocios que dependen de la venta de juguetes económicos, especialmente en zonas populares.
En conclusión, la iniciativa de Rebeca Peralta ha evidenciado una vez más la distancia entre ciertos legisladores y las prioridades reales de la población. Aunque la intención de proteger a la infancia es legítima, prohibir pistolas de agua y juguetes similares parece ser una medida desproporcionada, superficial y poco respaldada por evidencia científica.
Mientras tanto, la ciudad enfrenta problemas mucho más urgentes que esperan acciones legislativas efectivas.
En ese sentido, la propuesta de Peralta podría pasar a la historia no como un avance, sino como un ejemplo de política simbólica que intenta “resolver” problemas inexistentes mientras los verdaderos desafíos siguen intactos.
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