La tarde de este lunes, la Avenida Miguel Hidalgo —a la altura de Los Portales y en la esquina con Mariano Matamoros— se convirtió nuevamente en un punto de tensión social. Un grupo de manifestantes bloqueó de forma intermitente ambas vialidades para denunciar presuntos actos de corrupción atribuidos a Mario Medina Peralta, actual Director General de Gobierno de Toluca.
Bloqueos intermitentes y denuncias públicas
Los asistentes realizaron cierres parciales de la circulación, generando molestias entre peatones y automovilistas. Durante la protesta, algunas personas se identificaron como comerciantes y lanzaron consignas como: “Somos comerciantes, queremos trabajar”. Aunque no se confirmó que todos los manifestantes pertenecieran a este sector, la presencia de vendedores inconformes fue evidente.
Según ellos, sus denuncias apuntan a supuestas prácticas irregulares y presiones por parte de autoridades municipales, incluido el funcionario señalado.
Un conflicto que vuelve a poner bajo la lupa al gobierno municipal
La relación entre el Ayuntamiento de Toluca y los comerciantes ambulantes ha sido conflictiva, en especial durante este 2025. En distintos momentos, la administración municipal ha sido criticada por el uso excesivo de la fuerza durante operativos para retirar a vendedores de la vía pública. Estos antecedentes no solo han generado descontento, sino que han dejado una percepción de abusos administrativos que ahora vuelve a encender el debate público.
La protesta de este lunes se suma a una serie de inconformidades acumuladas, que evidencian la falta de mecanismos claros y justos para regular la actividad comercial en espacios urbanos.
Silencio oficial ante las acusaciones
Hasta el momento, ni Mario Medina Peralta ni el gobierno municipal han ofrecido una versión de los hechos. La ausencia de declaraciones ha aumentado la incertidumbre y ha sido interpretada por manifestantes y observadores como una falta de transparencia.
En un escenario donde las acusaciones de corrupción pueden afectar gravemente la credibilidad institucional, el silencio oficial se percibe como una oportunidad perdida para aclarar o desmentir los señalamientos.
La necesidad urgente de diálogo y transparencia
El episodio revela nuevamente la distancia entre ciudadanía y autoridades. Ante denuncias que involucran presuntos abusos de poder, la respuesta gubernamental debería ser inmediata, clara y verificable. Toluca enfrenta el desafío de establecer un equilibrio entre el orden urbano y el derecho al trabajo, pero sin confianza pública ni canales de diálogo abiertos, cualquier intento de regulación se verá enfrentado a la resistencia social.
Para reconstruir esa confianza, el Ayuntamiento tendría que apostar por mesas de diálogo inclusivas, procesos administrativos transparentes y una revisión profunda de cómo se llevan a cabo los operativos y permisos relacionados con el comercio en la vía pública.
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