El Poder Judicial del Estado de México pondrá en marcha a partir de 2026 un ambicioso plan de austeridad que busca optimizar el uso de los recursos públicos y generar un ahorro superior a los 48 millones de pesos, sin afectar la calidad en la impartición de justicia.
Las disposiciones, publicadas en la Gaceta de Gobierno, forman parte de las Políticas de Racionalidad y Austeridad aprobadas por su órgano administrativo, y serán de cumplimiento obligatorio para todas las áreas del sistema judicial mexiquense.
Austeridad con enfoque en eficiencia y resultados
El plan tiene como eje central mejorar la gestión interna mediante un uso más responsable del presupuesto. La estrategia no solo busca recortar gastos, sino también fortalecer la operación institucional con una visión de eficiencia, transparencia y resultados medibles.
Los recursos que se logren economizar serán canalizados principalmente al fortalecimiento de los órganos jurisdiccionales, con el objetivo de reducir rezagos, mejorar tiempos de atención y ampliar la cobertura del servicio judicial en distintas regiones del Estado de México.
Combustible bajo control estricto
Uno de los ajustes más relevantes es la regulación del consumo de combustible. A partir de 2026:
- Las asignaciones mensuales estarán basadas en el consumo real de cada área.
- Las solicitudes extraordinarias serán limitadas y deberán justificarse plenamente.
- El combustible no utilizado no podrá acumularse, convirtiéndose en ahorro directo.
Esta medida introduce un esquema más riguroso que en años anteriores, enfocado en evitar desperdicios y fomentar la disciplina operativa.
Reducción del uso de papelería y digitalización
El programa también contempla una disminución significativa en el consumo de papel mediante:
- Reutilización de materiales disponibles.
- Impresión a doble cara y en blanco y negro.
- Devolución de insumos excedentes.
- Impulso al uso de herramientas digitales.
Además de reducir costos, estas acciones buscan acelerar la modernización administrativa y disminuir la dependencia de documentos físicos.
Ajustes en telefonía y telecomunicaciones
En el rubro de telecomunicaciones, el Poder Judicial realizará una revisión integral de sus servicios para:
- Cancelar líneas celulares institucionales innecesarias.
- Optimizar el consumo de internet móvil.
- Unificar servicios para evitar contrataciones duplicadas.
Estas medidas pretenden generar economías de escala y disminuir gastos recurrentes que impactan el presupuesto general.
Eficiencia energética y cuidado ambiental
El plan de austeridad incorpora también una dimensión ambiental con acciones como:
- Evaluación de paneles solares en inmuebles judiciales.
- Optimización del consumo eléctrico, especialmente en iluminación.
- Campañas internas para el uso responsable del agua.
Con ello, la estrategia no solo se enfoca en el ahorro financiero, sino también en la sostenibilidad y el uso responsable de los recursos naturales.
Tecnología y almacenamiento de datos
En materia tecnológica, se realizará un diagnóstico de la infraestructura de almacenamiento para optimizar su capacidad y evitar inversiones innecesarias en nuevos equipos.
Esta medida permitirá reducir costos asociados al consumo energético y mejorar el rendimiento de los sistemas institucionales.
Mantenimiento de mobiliario para evitar nuevos gastos
Otro eje clave será el mantenimiento preventivo y correctivo de bienes institucionales como escritorios, sillas y archiveros, con el objetivo de prolongar su vida útil y evitar adquisiciones adicionales.
Supervisión y evaluación permanente
El cumplimiento de estas políticas será monitoreado de manera trimestral por áreas administrativas y la Contraloría Interna, que deberá emitir informes sobre los avances y los ahorros generados.
Este sistema de seguimiento busca asegurar que las medidas se traduzcan en resultados concretos y no queden solo en lineamientos administrativos.
El principal desafío para el Poder Judicial del Estado de México será mantener la calidad del servicio frente a una creciente demanda de atención judicial.
Equilibrar la reducción del gasto con la eficiencia operativa será clave para que este plan de austeridad no solo represente un ahorro económico, sino también una mejora real en la impartición de justicia.
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