En el Estado de México, la corrupción sigue siendo un problema crítico que afecta tanto a nivel federal como estatal y municipal. Según un reciente Estudio de Percepción Ciudadana realizado por el Sistema Anticorrupción del Estado de México en 2022, la ciudadanía mexiquense califica el grado de corrupción en un alarmante 8.6 sobre 10, lo que refleja la profunda influencia de este fenómeno en las actividades cotidianas de la población.
La Corrupción en el Ámbito de la Seguridad Pública
Uno de los datos más preocupantes que arroja el estudio es que las autoridades de seguridad pública y las fuerzas policiales encabezan la lista de instancias que más frecuentemente solicitan dádivas a los ciudadanos. La percepción de la ciudadanía señala que estos cuerpos son responsables de una gran parte de los actos corruptos reportados, lo que deteriora la confianza pública en las instituciones que, en teoría, deberían protegerla.
A pesar de la alta incidencia de corrupción, el nivel de denuncias sigue siendo extremadamente bajo. Solo el 12% de quienes presenciaron algún acto corrupto decidieron levantar una denuncia, lo que demuestra una falta de confianza en los procesos de denuncia y en la efectividad del seguimiento por parte de las autoridades.
El secretario técnico del Sistema Anticorrupción, Víctor Romero, subrayó la importancia de mejorar los canales de denuncia, haciéndolos más accesibles y confiables para los ciudadanos. “El dato es alarmante”, afirmó Romero, refiriéndose a la baja tasa de denuncias. “Es un área de oportunidad y vamos a impulsar la cultura de la denuncia”, agregó, sugiriendo que parte de la solución podría ser la implementación de trámites electrónicos que minimicen el contacto directo y, por ende, las oportunidades para la corrupción.
El estudio también reveló que los tres motivos principales por los cuales los ciudadanos mexiquenses han dado dinero de manera corrupta son para agilizar trámites, obtener un beneficio económico o personal, y por necesidad económica. Estos hallazgos subrayan la intersección entre corrupción y las necesidades económicas de la población, así como la percepción de que el sistema burocrático es lento e ineficiente, lo que incentiva a los ciudadanos a buscar “atajos”.
El 42% de la población del Estado de México afirmó haber presenciado un acto de corrupción. Sin embargo, la mayoría de ellos no lo denunció, lo que perpetúa el ciclo de impunidad. Este porcentaje refleja una realidad preocupante: la corrupción no solo es percibida como omnipresente, sino también como algo inevitable, un mal necesario para la vida cotidiana.
La percepción general de la ciudadanía es que la corrupción no solo está presente, sino que probablemente aumentará en los próximos años si no se toman medidas efectivas. Esto indica la urgente necesidad de desarrollar estrategias integrales que no solo faciliten la denuncia, sino que también promuevan la educación cívica y la transparencia.
Romero reconoció que eliminar la corrupción no es una tarea sencilla y no puede lograrse de la noche a la mañana. Sin embargo, resaltó la importancia de mantener un control riguroso y utilizar diagnósticos detallados para evaluar el progreso en la lucha contra la corrupción en años venideros.
En conclusión, el Estado de México se enfrenta a un desafío monumental en su lucha contra la corrupción. La alta percepción de corrupción, combinada con la baja tasa de denuncias, refleja un sistema que necesita reformas urgentes y profundas. El desarrollo de mecanismos eficientes y confiables para la denuncia, junto con la automatización de trámites, son pasos fundamentales para reducir la corrupción y restaurar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. El camino es largo, pero con un enfoque sostenido y una voluntad política decidida, es posible hacer frente a este problema sistémico que afecta a todos los niveles de la sociedad mexiquense.
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