El Estado de México enfrenta una de las crisis más graves de su historia reciente debido al impacto del crimen organizado. La inseguridad ha escalado a niveles alarmantes, afectando no solo la tranquilidad de los mexiquenses, sino también la economía de la región. Esta situación se ha visto agravada por una inflación histórica del 8.7%, que ya había encarecido los insumos agrícolas, como fertilizantes y combustibles. Ahora, el cobro de cuotas ilegales por parte de grupos criminales ha puesto en jaque a los productores locales, generando un impacto devastador en varios sectores económicos.
En Zinacantepec, la acción del crimen organizado ha paralizado la producción de alimentos de forma alarmante. Las extorsiones han provocado el cierre total de los rastros dedicados al procesamiento de pollo vivo, dejando a los productores sin alternativas viables para su trabajo. Esta situación no solo afecta a quienes trabajan en el sector avícola, sino también a los consumidores, quienes se enfrentan a precios desorbitados en productos esenciales.
En la capital del estado, Toluca, el panorama no es más alentador. En los últimos meses, entre seis y ocho rastros avícolas han cesado sus operaciones debido a las constantes amenazas y extorsiones. La situación alcanzó un punto crítico en diciembre pasado con el secuestro de cuatro trabajadores de una empresa avícola, lo que puso en evidencia la gravedad del problema. Este clima de inseguridad ha generado una cadena de desabasto y precios elevados que golpea directamente a las familias mexiquenses.
El aumento en el precio de productos como la pechuga de pollo, que ahora oscila entre $120 y $160 pesos por kilo, refleja las consecuencias de la crisis. Este incremento representa un fuerte impacto para las familias, muchas de las cuales luchan por ajustar sus presupuestos ante los constantes incrementos en el costo de la canasta básica. Además del pollo, otros productos como huevo, aguacate y limón también enfrentan encarecimientos debido a las extorsiones que afectan a los productores en varios municipios del Estado de México.
La problemática no se limita al sector avícola. Los agricultores que producen aguacate y limón también son víctimas de amenazas y cobros ilegales, lo que desestabiliza la cadena de suministro de estos alimentos. Este contexto genera un aumento generalizado de precios que afecta a todos los sectores de la población. La inseguridad se ha convertido en un factor que encarece la vida de los mexiquenses y amenaza la sostenibilidad de las actividades productivas.
La situación requiere una respuesta inmediata y coordinada por parte de las autoridades. Es crucial que se implementen estrategias efectivas para combatir al crimen organizado, proteger a los productores y garantizar la seguridad de los trabajadores. Además, se deben establecer medidas para apoyar a los sectores afectados, como subsidios para insumos agrícolas y combustibles, y crear redes de seguridad económica que permitan a los productores continuar con sus actividades.
En conclusión, el impacto del crimen organizado en el Estado de México es una amenaza directa a la estabilidad social y económica de la región. Los mexiquenses no solo enfrentan la inseguridad en sus comunidades, sino también un incremento en el costo de vida que afecta gravemente su calidad de vida. Es imperativo que las autoridades actúen con firmeza para detener esta espiral de violencia y garantizar un futuro próspero y seguro para todos.
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