La nueva legislación mexiquense reconoce a los animales como seres sintientes y contempla multas, arrestos y penas de prisión por actos de maltrato o crueldad. El reto ahora será demostrar que las nuevas reglas también se cumplen en los 125 municipios.
Toluca, Estado de México.— El Estado de México busca colocar el bienestar animal como una política pública de alcance estatal. Con la entrada en vigor de nuevas disposiciones en materia de protección, cuidado y bienestar animal, el gobierno de Delfina Gómez Álvarez sostiene que la entidad puede convertirse en una referencia nacional en la defensa de los animales y la denomina “Capital Mundial del Bienestar Animal”.
Uno de los principales cambios es el reconocimiento de los animales como seres sintientes, concepto que implica que deben recibir un trato digno y que las personas tienen responsabilidades legales y éticas respecto de su cuidado.
Este principio no parte de cero. La Constitución del Estado de México reconoce desde 2020 que los animales son seres sintientes y establece que las autoridades deben garantizar su protección, bienestar y trato digno.
La nueva legislación busca llevar ese reconocimiento a medidas concretas contra el maltrato, con sanciones económicas, arrestos y consecuencias penales dependiendo de la conducta y del supuesto jurídico aplicable.
Maltrato animal en Edomex: multas, arrestos y cárcel
Entre las sanciones difundidas por el gobierno estatal se encuentran multas de hasta 35 mil 193 pesos para determinadas agresiones físicas. También se contemplan sanciones de alrededor de 3 mil 519 pesos y arrestos inconmutables de hasta 36 horas cuando los animales sean mantenidos en condiciones inadecuadas de higiene o movilidad.
En los casos que constituyan delito, las consecuencias pueden ser mayores y alcanzar penas de hasta 11 años de prisión, dependiendo de las circunstancias establecidas por la legislación.
El mensaje jurídico es claro: tener una mascota o animal bajo cuidado no significa únicamente proporcionarle alimento. También implica garantizar condiciones adecuadas de salud, espacio, seguridad y bienestar.
De hecho, las autoridades estatales mantienen mecanismos para denunciar situaciones como falta de comida o agua, animales expuestos a la intemperie o ausencia de condiciones básicas de higiene y atención.
Pero aquí aparece uno de los principales desafíos: una ley puede elevar las sanciones, pero su eficacia depende de que existan denuncias, investigaciones, autoridades capacitadas y resoluciones efectivas.
Servicios veterinarios y adopción responsable
El Gobierno del Estado de México también reporta una estrategia de atención directa. De acuerdo con sus cifras, se han realizado más de 69 mil servicios veterinarios en 85 municipios, además de acciones de rescate, vacunación y esterilización.
La administración estatal también plantea incorporar contenidos relacionados con bienestar animal en distintos niveles educativos, con la intención de que la protección deje de verse solamente como una obligación para propietarios de mascotas y se convierta en una práctica social.
En materia de adopción, se puso en marcha la campaña #LaMejorJugadaEsAdoptar, en colaboración con el Club Deportivo Toluca.
A estas acciones se suma Croquetmanía, mediante la cual, de acuerdo con información gubernamental, se han reunido más de 94 toneladas de alimento, camas y juguetes para animales rescatados.
La política también se vincula con la protección ambiental, particularmente con la conservación y restauración de bosques y otros ecosistemas.
Opinión: declarar una “capital” es fácil; demostrarlo será lo difícil
El reconocimiento de los animales como seres sintientes representa un cambio importante en la manera en que el Estado aborda el maltrato. Sin embargo, el verdadero indicador de una política de bienestar animal no estará solamente en la severidad de las multas o en los años de prisión contemplados en la ley.
Estará en algo mucho más cotidiano: qué ocurre cuando un ciudadano denuncia un perro abandonado, un animal golpeado, una mascota mantenida en condiciones insalubres o un caso de crueldad.
También habrá que observar si los 125 municipios cuentan con capacidad suficiente para atender reportes, rescatar animales, aplicar reglamentos y coordinarse con las autoridades estatales y ministeriales cuando exista un posible delito.
La propia legislación estatal plantea que la protección animal es una responsabilidad compartida. Por eso, la participación de organizaciones civiles, veterinarios, municipios, escuelas y ciudadanía será determinante.
La administración de Delfina Gómez puede presentar avances en servicios veterinarios, adopción y sanciones, pero la etiqueta de “Capital Mundial del Bienestar Animal” tendrá que sostenerse con resultados verificables y permanentes, no únicamente con campañas o anuncios oficiales.
Si las leyes ya reconocen a los animales como seres sintientes y existen sanciones contra el maltrato, ¿qué tendría que cambiar en las calles, hogares y municipios del Estado de México para que ese reconocimiento realmente se refleje en la vida cotidiana de los animales?
Y una pregunta todavía más importante: ¿basta con tener penas más severas o el verdadero desafío está en lograr que cada denuncia sea atendida y que las autoridades hagan cumplir la ley?
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