En Cuautitlán, el escándalo ha tomado forma alrededor de Aldo Ledezma, alcalde con licencia del municipio, tras revelarse los detalles de un contrato exorbitante que asciende a tres millones de pesos destinados a un curso de integración laboral de cuestionable justificación en cuanto a su costo y eficacia.
Durante cuatro días, del 16 al 19 de mayo de 2023, se impartió un curso de integración laboral a 600 trabajadores del ayuntamiento. Dicho curso fue gestionado por “Promaizmar”, una empresa que se distingue por especializarse en gestión de nóminas y no en capacitación, lo que ya de inicio plantea interrogantes sobre la pertinencia y calidad del servicio proporcionado.
La factura de este curso fue, sin lugar a dudas, desproporcionada. Con un costo individual de 5,000 pesos por asistente, se desembolsaron cerca de 750,000 pesos diarios, es decir, casi 100,000 pesos por cada hora de capacitación, una cifra que sobrepasa por mucho los estándares aceptables, incluso para cursos especializados. Esta situación se agrava al no contar con certeza sobre la asistencia total, dejando una sombra de duda sobre el costo real y la eficacia de la formación.
La comparación con los cursos ofrecidos por el Instituto de Capacitación para el Trabajo Industrial (ICATI) es reveladora. En ICATI, los precios por hora de cursos similares oscilan entre 695 y 1,725 pesos, lo que evidencia una disparidad alarmante con los 100,000 pesos por hora pagados en Cuautitlán. Aun si se considera el costo más alto por cursos masivos del ICATI, no se aproxima ni remotamente a lo pagado por el ayuntamiento de Cuautitlán.
Además, es crucial destacar que la capacitación masiva no solo es económicamente imprudente sino también funcionalmente ineficiente. Los cursos generalmente se realizan de manera escalonada para no interrumpir las operaciones diarias del municipio, un detalle aparentemente omitido en este caso.
Los módulos del curso abarcaron temas como la mejora de actitudes, planeación y administración del tiempo, y la integración laboral, ninguno de los cuales requiere de herramientas o técnicas especializadas que justifiquen un gasto tan elevado. Este tipo de capacitación no solo se aleja de ser práctica, sino que además plantea serias preguntas sobre la transparencia y la administración de los recursos públicos.
En resumen, el caso de Aldo Ledezma es un reflejo de una gestión cuestionable por parte del ayuntamiento de Cuautitlán y a la vez un ejemplo alarmante de cómo se pueden dilapidar los recursos públicos en servicios sobrevalorados y posiblemente innecesarios. Este incidente no solo debe ser un llamado a la vigilancia y la responsabilidad en la gestión municipal, sino también a la exigencia de cuentas claras y justificadas ante la ciudadanía que espera transparencia y eficiencia de sus representantes.
