Casi 2,000 casos, redes de notarios y justicia que no llega

La Ciudad de México enfrenta una crisis silenciosa pero devastadora: el despojo habitacional mediante esquemas de fraude inmobiliario ha dejado cerca de 1,978 carpetas de investigación abiertas en la capital, concentradas principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa y Álvaro Obregón, donde se registra el 56 % de los casos. La especulación inmobiliaria, la gentrificación y la facilidad para manipular documentos públicos han convertido zonas de alta plusvalía en escenario de desalojos violentos y engaños legales, con familias que llevan más de una década batallando por recuperar lo suyo.

La historia de la familia Casillas: 10 años sin hogar y una lucha sin fin

El caso de la familia Casillas resume la crudeza de este fenómeno. María Eugenia Casillas Vázquez vivió durante 50 años en su casa de dos plantas y ladrillo rojo sobre la avenida Progreso, en la colonia Escandón. Todo cambió en una madrugada de 2016: un grupo de personas irrumpió en el inmueble, la desalojó de forma violenta y la dejó en la calle. Desde entonces, la propiedad permanece abandonada.

Quien tomó posesión fue el abogado Felipe de Jesús Hernández Ayhllón, quien presentó ante notaría una escritura presuntamente falsa expedida por el notario 4 de Apan, Hidalgo, para acreditarse como dueño. La familia presentó su denuncia el 6 de octubre de 2017 (carpeta CI-FCH/CUH-8/UI-1 S/D/03232/08-2017), expediente que hasta la fecha continúa abierto. Poco después, Hernández Ayhllón vendió los derechos litigiosos del predio a Luis Alberto Morales Álvarez y Rosalva Valencia Hernández, quienes iniciaron acciones legales para consolidar la apropiación.

“Vaciaron la casa y dejaron a mi tía en la calle”, relató la periodista Karla Casillas, integrante de la familia afectada.

Edictos falsos, avisos irregulares y redes de notarios sin castigo

El esquema incluyó la publicación de edictos en los que se afirmaba que la tía abuela de la familia había vendido la propiedad años atrás, además de la inscripción de cinco avisos preventivos de ocupación desde 2012 ante el notario 144 de la Ciudad de México, Alfredo Gabriel Miranda Solano. La defensa de la familia demostró que dichos avisos eran improcedentes, ya que la verdadera propietaria era la madre de María Eugenia. Se sabe que en 2008 el entonces Distrito Federal investigó a este notario por presunta participación en una red de manipulación en el Registro Público de la Propiedad, sin que los avances hayan derivado en consecuencias.

En 2025, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reconoció a Roberto Jayme Casillas Vázquez como legítimo dueño y ordenó la restitución del inmueble. Sin embargo, la familia encontró el lugar ocupado por extraños que, según vecinos, comercializaban sustancias ilícitas. Incluso tras la restitución, hombres en vehículos de lujo seguían vigilando la propiedad.

Amparos en Sinaloa, jueza sin experiencia y retrasos que benefician al fraude

La defensa de los presuntos compradores no se detuvo: promovieron un amparo que devolvió el caso a tribunales. El Juzgado 12 de Distrito en Materia Penal, en la Ciudad de México, declinó conocerlo por carga de trabajo y lo envió al Juzgado 4 de Distrito en Culiacán, Sinaloa. Allí, la jueza Jesús Arely Verdugo Bueno, elegida en las elecciones judiciales de junio de 2025 sin experiencia previa como juzgadora —había trabajado como abogada, gestora notarial y en seguridad pública—, otorgó el amparo a favor de Morales Álvarez, ordenando a la Fiscalía revalorar las pruebas.

La abogada de la familia, Ana Salazar, criticó que la resolución ignoró elementos clave del caso y advirtió que la rotación de agentes del ministerio público ha frenado el avance de la investigación. Mientras tanto, el principal señalado de orquestar el fraude, Felipe de Jesús Hernández Ayhllón, sigue sin ser localizado por las autoridades. María Eugenia Casillas murió en 2022 sin haber podido regresar a su casa; hoy su hermano Roberto, de 80 años, continúa la lucha.

Por qué se multiplican los fraudes: notarías foráneas y especulación

El abogado especialista en defensa de la vivienda, Arturo Aparicio Velázquez, señala que la normativa vigente permite a notarios de cualquier estado escriturar inmuebles ubicados en la Ciudad de México, lo que abre la puerta a que se confeccionen documentos en entidades lejanas y con menos supervisión, dificultando la investigación y la coordinación entre fiscalías. Identifica tres causas centrales:

• La gentrificación que revaloriza zonas tradicionales
• La escasez de vivienda accesible que convierte las propiedades en botín
• La especulación del suelo para proyectos comerciales

Los datos confirman la gravedad: el Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 21.4 despojos por cada 100,000 habitantes en la capital. La referencia a un caso vinculado a figuras del deporte, mencionado en medios, sugiere que este tipo de fraude alcanza también a personas con mayor visibilidad, lo que evidencia la amplitud del problema.

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Lo que está ocurriendo en la Ciudad de México no son casos aislados: es un sistema fallido que permite que la ley se convierta en herramienta de despojo. Cuando notarios de otras entidades pueden certificar documentos sobre propiedades en la capital sin control efectivo, cuando jueces sin experiencia resuelven casos complejos lejos del lugar de los hechos y cuando las investigaciones se estancan por cambios de personal, el mensaje es claro: el fraude inmobiliario tiene camino libre.

La familia Casillas no es la única: son miles quienes ven cómo su patrimonio, construido durante generaciones, pasa a manos de redes organizadas que aprovechan la falta de coordinación entre autoridades y la lentitud de la justicia. La muerte de María Eugenia sin volver a su hogar, y la lucha de un hombre de 80 años en tribunales, son una vergüenza pública. Prohibir que notarios de otros estados actúen sobre bienes en la CDMX es una medida urgente y necesaria; pero no será suficiente mientras no se depuren responsabilidades, se agilicen los procesos y se castigue con firmeza a quienes abusan de la fe pública para robar a las familias.

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