La sequía ha aumentado 30% durante este siglo y podría alcanzar a tres de cada cuatro personas para 2050. Mientras tanto, los gobiernos siguen sin cerrar un acuerdo global con recursos suficientes para enfrentar el problema.
La crisis del agua y la degradación de los suelos están dejando de ser advertencias para convertirse en una amenaza cada vez más difícil de ignorar. La sequía mundial aumentó 30% en lo que va del siglo, pero la respuesta internacional todavía avanza a un ritmo mucho menor que el problema.
La más reciente señal llegó desde Ulán Bator, Mongolia, donde concluyó la COP17 sobre desertificación sin que los países consiguieran establecer un acuerdo definitivo sobre los recursos y las acciones coordinadas que se necesitan para enfrentar la sequía.
La decisión fue aplazar las negociaciones hasta la COP18, prevista para 2028 en El Cairo, Egipto.
El problema es que el clima no parece dispuesto a esperar otros dos años.
La brecha entre el problema y el dinero disponible
Durante la conferencia sí hubo anuncios importantes. Se movilizaron hasta mil 300 millones de dólares para proteger pastizales y se creó un fondo con la intención de atraer alrededor de 400 millones de dólares de inversión privada para proyectos relacionados con la sequía en 23 países.
Sin embargo, esas cantidades quedan muy lejos de las necesidades estimadas.
Especialistas calculan que enfrentar de manera adecuada la degradación de tierras y la sequía requiere alrededor de 355 mil millones de dólares cada año, mientras que actualmente se dispone de aproximadamente 77 mil millones.
La diferencia es enorme.
Esto significa que el problema no necesariamente está en la falta de herramientas. Existen tecnologías y estrategias para mejorar el manejo del agua, recuperar terrenos degradados, restaurar ecosistemas y reducir los efectos de la desertificación.
El obstáculo principal parece estar en otro lugar: el financiamiento y la voluntad para convertir los compromisos internacionales en acciones de largo plazo.
¿Cuánto tiempo puede esperar el mundo?
Las proyecciones son particularmente preocupantes. Si la tendencia continúa, para 2050 la sequía podría afectar a tres de cada cuatro personas en el planeta.
No se trata únicamente de tener menos agua disponible.
Una sequía prolongada puede provocar pérdidas agrícolas, aumentar los precios de los alimentos, deteriorar ecosistemas, afectar el ganado y generar desplazamientos de comunidades que dependen directamente de los recursos naturales.
En otras palabras, el problema ambiental puede terminar convirtiéndose también en un problema económico y social.
Por eso, aplazar decisiones vuelve inevitable una pregunta: ¿cuánto costará actuar dentro de algunos años frente a lo que costaría invertir hoy en prevención?
México tampoco está fuera de la crisis
México enfrenta una situación especialmente delicada.
Alrededor del 57% del territorio nacional presenta algún grado de degradación del suelo, una condición que repercute directamente en la producción de alimentos, las comunidades rurales y la conservación de los ecosistemas.
La degradación no ocurre por una sola causa. El cambio climático se combina con prácticas de aprovechamiento excesivo de los recursos naturales, presionando todavía más a regiones que ya enfrentan condiciones de escasez.
Cuando un suelo pierde su capacidad productiva, las consecuencias pueden extenderse mucho más allá del campo. Se afecta la agricultura, disminuye la capacidad de los ecosistemas para retener agua y aumenta la vulnerabilidad de las comunidades frente a periodos prolongados sin lluvias.
Y mientras el panorama climático se vuelve más complejo, México también modificó la estructura institucional encargada de atender las zonas áridas.
Desapareció la Comisión Nacional de Zonas Áridas
En 2025 desapareció la Comisión Nacional de Zonas Áridas, mientras que las funciones relacionadas con estas regiones quedaron bajo responsabilidad de distintas áreas de la Secretaría de Agricultura.
El cambio administrativo abre otro debate: ¿es suficiente reorganizar responsabilidades cuando el deterioro del suelo y la escasez de agua requieren políticas especializadas y continuidad durante décadas?
La respuesta no puede medirse solamente por la existencia de programas o por el presupuesto asignado en un ejercicio fiscal.
La recuperación de un ecosistema degradado puede tomar años, mientras que su deterioro puede ocurrir mucho más rápido.
La sequía también amenaza los alimentos
Uno de los aspectos que suele quedar en segundo plano cuando se habla de sequía es su relación con la seguridad alimentaria.
Menos agua significa mayores dificultades para producir determinados cultivos. Un suelo degradado también pierde capacidad para sostener actividades agrícolas y ganaderas.
Si a esto se suman temperaturas más elevadas y cambios en los patrones de lluvia, los productores pueden enfrentar temporadas cada vez más impredecibles.
El impacto puede terminar llegando al consumidor mediante precios más altos y una mayor dependencia de determinadas regiones productoras.
Por eso, combatir la desertificación no debería considerarse exclusivamente una política ambiental. También es una medida de protección económica, alimentaria y social.
El mundo tiene soluciones, pero sigue faltando decisión
El resultado de la COP17 deja una contradicción difícil de ignorar: existe conocimiento científico y técnico para enfrentar buena parte de los efectos de la desertificación, pero los recursos disponibles siguen siendo insuficientes y los gobiernos no lograron cerrar un acuerdo global.
Mientras las negociaciones continúan, millones de hectáreas siguen expuestas a la degradación y millones de personas enfrentan una mayor vulnerabilidad ante la falta de agua.
Para México, el desafío es todavía más cercano. Con más de la mitad de su territorio afectado en algún grado por la degradación del suelo, la prevención debería ser una prioridad antes de que los daños sean mucho más difíciles y costosos de revertir.
¿Estamos esperando a que la escasez de agua llegue a nuestras ciudades, nuestros alimentos y nuestros bolsillos para reconocer la gravedad del problema?
La sequía no funciona como una negociación diplomática: no puede suspenderse hasta 2028 ni esperar a que los gobiernos encuentren un consenso. Cada temporada seca que se vuelve más intensa aumenta la presión sobre el agua, los suelos y quienes dependen de ellos.
El reto ya no es solamente reconocer que existe una crisis. La verdadera discusión es quién está dispuesto a financiar y ejecutar las soluciones antes de que la prevención resulte mucho más cara que la emergencia.
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