Una grave crisis sacude al sistema de salud en el Estado de México. Personal médico, administrativo y de enfermería tomó las instalaciones de la Jurisdicción Sanitaria de Toluca, en protesta por la falta de pagos desde julio del año pasado y el alarmante desabasto de medicamentos e insumos médicos en centros de salud de la región.
Según declaraciones de Raymundo Gómez Pérez, secretario general de la Sub Sección 2 de la Sección 22 del sindicato de salud, más de 2 mil trabajadores se encuentran en una situación de vulnerabilidad laboral, sin pagos de bonos ni recursos básicos para operar.
La protesta ha derivado en la suspensión parcial de servicios en al menos 85 unidades médicas distribuidas en municipios clave como Toluca, Metepec, Almoloya de Juárez y Zinacantepec. Solo se atienden urgencias, dejando a más de 200 mil habitantes sin acceso a servicios de salud esenciales.
Entre las unidades afectadas se encuentran los Centros de Atención Primaria a la Salud (CEAPS) y unidades urbanas, fundamentales para la atención médica de primer contacto.
Los trabajadores han denunciado un desabasto superior al 50% en medicamentos esenciales como antibióticos, antiinflamatorios y analgésicos. En hospitales de tercer nivel, como el Hospital Materno Infantil Mónica Pretelini, se han suspendido cirugías por la falta de material quirúrgico.
“No es que no queramos brindar atención, es que no tenemos herramientas. Los familiares de los pacientes tienen que comprar los insumos para las operaciones”, lamentó Gómez Pérez.
Una de las causas del conflicto fue la transición del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) a IMSS-Bienestar, implementada en julio de 2024 sin notificación formal al personal.
Los trabajadores afectados aseguran que se enteraron del cambio al notar diferencias en las fechas de pago. Esta transición ha implicado problemas administrativos, faltas de pago recurrentes y desorganización en las operaciones internas.
“Nos dijeron que nuestros derechos serían respetados, pero hasta ahora no han cumplido. Es una falta de respeto y de seriedad”, afirmó el líder sindical.
Los inconformes también han denunciado malos tratos por parte de nuevos jefes de área, quienes según aseguran desconocen las necesidades operativas de los hospitales y clínicas.
Exigen que los puestos administrativos sean ocupados por personas con experiencia, empatía y conocimiento del sistema de salud público, capaces de gestionar recursos y atender las necesidades del personal y los pacientes.
Los trabajadores reclaman el pago de bonos de salud y canasta, que suman un adeudo superior a los 13 mil pesos por persona, acumulado desde mediados de 2024. Estos ingresos forman parte del sustento básico de los colaboradores, quienes siguen cumpliendo funciones críticas.
El personal en protesta ha asegurado que no se retirarán de las instalaciones hasta recibir por escrito un compromiso formal por parte de las autoridades, en el que se estipulen fechas claras para la entrega de materiales y la liquidación de pagos pendientes.
“No vamos a movernos hasta tener un documento firmado. Vamos a mantener guardias y quedarnos aquí el tiempo que sea necesario”, concluyeron los manifestantes.
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