Un caso reciente en el Estado de México ha reavivado el debate sobre las condiciones del transporte público y el respeto a la tarifa preferencial para adultos mayores. El video en el que un pasajero de la tercera edad exhibe a un chofer de la línea Xinantecatl por intentar cobrarle $14 pesos en lugar de los $12 establecidos se viralizó de inmediato, generando indignación y exigencias de sanción.
Las autoridades confirmaron que el operador involucrado recibió una suspensión de 15 días y la apertura de un procedimiento administrativo por mal servicio. Sin embargo, esta sanción deja al descubierto una problemática mucho más profunda que afecta a choferes y usuarios por igual.
El incidente ocurrió cuando un adulto mayor intentó pagar la tarifa preferencial y el conductor se negó a aceptarla, exigiéndole un costo mayor. La reacción del pasajero, quien grabó y denunció el hecho, se convirtió rápidamente en un llamado de atención para las autoridades de movilidad.
La difusión del video puso en evidencia una queja recurrente: el incumplimiento de la tarifa establecida para adultos mayores, a pesar de su obligatoriedad.
Aunque el conductor fue suspendido por dos semanas y está sujeto a un proceso administrativo, esta acción ha sido vista por muchos como una solución superficial.
La Secretaría de Seguridad del Estado de México confirmó que el operador violó la normativa, pero diversos usuarios y especialistas señalan que el problema no recae únicamente en los choferes.
De acuerdo con testimonios y denuncias de trabajadores del transporte, muchos concesionarios imponen a los choferes la obligación de cobrar una tarifa uniforme, independientemente de los descuentos autorizados por ley.
Quienes no lo hacen deben pagar de su propio bolsillo la diferencia, lo que provoca que algunos operadores incumplan deliberadamente la tarifa preferencial.
Esto convierte al chofer aunque responsable de su conducta en una especie de “chivo expiatorio”, mientras que los dueños de las concesiones continúan operando bajo prácticas que fomentan estas irregularidades.
Los adultos mayores, uno de los grupos que más dependen del transporte público, suelen enfrentar:
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Negación de tarifa preferencial
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Maltratos o respuestas agresivas
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Falta de accesibilidad en las unidades
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Desinformación sobre sus derechos
Este caso volvió a encender la conversación sobre la necesidad de garantizar un servicio digno y ajustado a la ley.
Para que situaciones como esta no se repitan, especialistas y usuarios coinciden en tres puntos clave:
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Supervisión real a los concesionarios, no solo a los operadores.
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Sanciones económicas y administrativas para las empresas que obligan a los choferes a incumplir la ley.
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Programas de capacitación continua para operadores, reforzando el trato digno y el respeto a grupos vulnerables.
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Mecanismos de denuncia accesibles y eficientes para los usuarios.
Castigar solo al chofer es insuficiente si el sistema sigue fomentando prácticas injustas.
En conclusión, la suspensión del chofer de Xinantecatl envía un mensaje importante, pero incompleto. Mientras no se atienda el problema desde la raíz los esquemas abusivos de algunos concesionarios seguirán apareciendo casos similares.
El llamado ciudadano es claro: la autoridad debe ir más allá de sanciones aisladas y garantizar un transporte público justo, legal y digno para todos.
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