Asociaciones protectoras de animales solicitaron un encuentro con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y con la diputada Paola Jiménez Hernández para analizar diversos puntos de la nueva Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal del Estado de México, al considerar que algunos artículos podrían generar dificultades en su aplicación.
Diversas organizaciones dedicadas a la defensa de los animales hicieron un llamado al Gobierno del Estado de México para abrir una mesa de diálogo que permita revisar el contenido de la Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal, publicada el pasado 16 de junio, antes de que entre en vigor de manera definitiva.
Las asociaciones aseguran que no buscan frenar la legislación, sino fortalecerla mediante ajustes que garanticen una mejor protección para los seres sintientes y una aplicación más efectiva de las sanciones por maltrato animal.
Piden diálogo con Delfina Gómez y la diputada Paola Jiménez
La directora de la Fundación Tomy, Malú Campero, informó que desde la publicación de la ley han intentado establecer comunicación tanto con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez como con la diputada local Paola Jiménez Hernández, impulsora de la iniciativa, sin que hasta ahora se haya concretado un encuentro.
La activista explicó que las organizaciones cuentan con propuestas específicas para modificar algunos artículos del ordenamiento, por lo que solicitaron una reunión de trabajo para presentar sus observaciones de manera técnica.
Según indicó, el objetivo no es detener la implementación de la ley, sino corregir aspectos que, a juicio de especialistas y asociaciones, podrían generar problemas durante su aplicación.
Detectan posibles inconsistencias en la legislación
Las agrupaciones señalaron que, tras revisar el contenido del nuevo marco legal, identificaron algunos puntos que consideran contradictorios con normas federales y otros que podrían dificultar la integración de carpetas de investigación relacionadas con casos de maltrato animal.
También advirtieron que ciertos conceptos requieren mayor precisión jurídica para evitar interpretaciones que limiten la correcta imposición de sanciones.
De acuerdo con las asociaciones, ya cuentan con un análisis detallado de la legislación, artículo por artículo, el cual pretenden entregar antes de que concluya el periodo establecido para elaborar el reglamento correspondiente.
Buscan participar antes de que la ley entre en vigor
La nueva legislación contempla un plazo de 180 días para la emisión de su reglamento, proceso que permitirá definir los mecanismos de aplicación de la norma.
Una vez concluido ese periodo, la ley comenzará a aplicarse plenamente a partir de enero de 2027.
Por ello, las organizaciones consideran fundamental que sus observaciones sean escuchadas antes de que finalice la etapa de implementación.
Advierten posibles conflictos si no hay consenso
Los representantes de asociaciones protectoras de animales señalaron que el diálogo debe involucrar a autoridades con capacidad de coordinar a las distintas dependencias responsables de ejecutar la política pública en materia de bienestar animal.
Asimismo, advirtieron que, si las inquietudes planteadas no son atendidas, podrían surgir complicaciones durante la aplicación de la ley e incluso manifestaciones por parte de colectivos una vez que entre en vigor.
Las organizaciones reiteraron su disposición para colaborar con las autoridades estatales y afirmaron que su prioridad es construir un marco legal sólido que fortalezca la protección de los animales en el Estado de México.
Las leyes nacen para proteger, pero también deben construirse escuchando a quienes viven día a día la realidad que buscan transformar. Cuando autoridades, especialistas y sociedad civil dialogan, las posibilidades de crear normas más justas y eficaces aumentan.
La protección de los animales no debería dividir opiniones, sino unir esfuerzos. Si existe la oportunidad de mejorar una ley antes de que entre en vigor, ¿no vale la pena escuchar todas las voces para garantizar que realmente cumpla su propósito? Al final, la verdadera diferencia no la hace una ley escrita en papel, sino la capacidad de aplicarla para proteger a quienes no pueden defenderse por sí mismos.
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