El agua no deberia ser mercancía: es derecho humano
Ciudad de México, 5 de noviembre de 2026 — En un país donde millones de personas padecen escasez diaria del vital líquido, una investigación de la Universidad Iberoamericana pone al descubierto una de las desigualdades más profundas y preocupantes del México contemporáneo: solo 3 mil 304 usuarios concentran el 22.3% del agua concesionada a nivel nacional. El estudio, titulado “Los millonarios del agua. Una aproximación al acaparamiento del agua en México”, documenta cómo la legislación en la materia facilitó que unos pocos detenten el control de un recurso cada vez más escaso mientras comunidades enteras carecen del servicio.
La concentración en cifras: pocos tienen mucho, muchos no tienen nada
El investigador Wilfrido Gómez Arias, del Instituto de Investigación Aplicada y Tecnología de la Ibero, analizó los datos del Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) correspondientes a 2020 y encontró que, de las 514 mil 684 concesiones repartidas entre 361 mil 600 titulares, un grupo diminuto —apenas el 1.1% del total— se ha adjudicado casi la quinta parte del agua destinada a uso consuntivo, es decir, aquella que se consume, transforma y reduce para siempre su disponibilidad.
¿Quiénes son estos “millonarios del agua”? Se trata de un conjunto heterogéneo integrado por:
- 966 empresas
- 1,537 personas físicas
- 800 asociaciones civiles
El 48.7% del volumen total concesionado se destina al sector agrícola, rubro donde el sector privado tiene una presencia dominante. Un ejemplo revelador es la empresa agropecuaria La Norteñita, principal productora de manzana del país, a la cual se le ha otorgado 31.9 hectómetros cúbicos anuales —equivalentes a 31 mil 900 millones de litros—.
Una ley que abrió la puerta al desequilibrio
El estudio señala con claridad que la Ley de Aguas Nacionales de 1992 fue el instrumento que propició este modelo de concesionamiento masivo a favor de intereses privados, generando una distribución profundamente injusta y la sobreexplotación sistemática de los mantos acuíferos. La norma transformó el agua en un recurso apropiable y comercializable, facilitando que grandes volúmenes pasaran a manos de particulares sin una planificación que garantizara el derecho humano al líquido.
La consecuencia directa es devastadora: en 2020, de los 653 acuíferos del país, 115 ya estaban sobreexplotados, y en 99 de ellos —es decir, en más de 8 de cada 10 cuencas agotadas— operan estos grandes usuarios que extraen sin contención. Muchas de estas empresas enfrentan además conflictos con las comunidades donde se asientan, por el impacto ambiental de sus operaciones y la disminución del agua disponible para la población local.
El costo social del acaparamiento
Mientras estas concesiones se multiplican, millones de mexicanos enfrentan restricciones, cortes y suministro irregular. El contraste no puede ser más doloroso: unos pocos disponen de cantidades industriales de agua para actividades productivas y lucrativas, mientras que familias enteras dependen de pipas, garrafones costosos o turnos intermitentes para cubrir sus necesidades básicas.
El reconocimiento que ha recibido esta investigación —galardonada por el Patronato de la Universidad Iberoamericana por su impacto social verificable— no es solo un reconocimiento académico: es una alerta pública que el Estado mexicano no puede ignorar. La transparencia en las concesiones, la revisión de aquellas que resulten abusivas, la protección de los acuíferos y la prioridad del consumo humano sobre el uso comercial son medidas que no pueden postergarse.
El agua no es mercancía: es derecho humano. Y cuando una minoría la acapara en perjuicio de la mayoría, no hay eficiencia que lo justifique ni crecimiento que lo compense.
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