Así será la transición gradual del efectivo a los pagos electrónicos
Ciudad de México, 5 de noviembre de 2026 — Este jueves ha entrado en vigor la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, tras su promulgación por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su publicación en el Diario Oficial de la Federación. La normativa marca el inicio de una transformación en la forma en que se realizan las transacciones en el país, sin eliminar de inmediato el dinero en efectivo, pero estableciendo plazos claros para que los pagos electrónicos pasen a ser la única vía autorizada en sectores determinados.
Cómo funciona el cronograma de implementación
La ley establece un calendario preciso para su aplicación:
- Primeros 15 días hábiles: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará la lista de los sectores estratégicos y actividades relevantes donde los pagos digitales serán la única forma de pago permitida.
- Siguientes 15 días hábiles: Las autoridades competentes de cada sector emitirán las reglas de operación, requisitos y plazos específicos para la transición gradual desde el efectivo hacia los medios electrónicos.
El artículo 13 de la ley dispone que en esos giros determinados, los cobros mediante tarjetas, transferencias, códigos QR u otros sistemas digitales serán obligatorios, dejando de aceptarse billetes y monedas. Entre los rubros que se han mencionado como probables para esta medida figuran gasolineras, casetas de peaje y servicios de gobierno.
Excepciones: el efectivo se mantiene en casos justificados
La legislación contempla salvaguardias para evitar afectaciones por fallos técnicos: cuando se presente una contingencia comprobada que impida el funcionamiento de los sistemas digitales, se permitirá temporalmente el pago en efectivo o mediante cheque bancario. Sin embargo, la norma establece que estas interrupciones no podrán usarse como justificación permanente o repetida para seguir cobrando en efectivo una vez restablecido el servicio.
Gobiernos obligados a adaptarse
Los tres órdenes de gobierno —federal, estatal y municipal— deberán instalar la infraestructura necesaria para recibir pagos digitales en la atención de trámites y servicios públicos. La ley también vincula la operación de estos sistemas con herramientas de identificación oficial como la CURP Digital y el Expediente Digital Ciudadano, con el fin de simplificar la contratación de servicios financieros sin necesidad de presentar documentación física.
Debate y posturas encontradas
Durante su aprobación en el Senado, el 20 de octubre, la iniciativa obtuvo 73 votos a favor, con 34 en contra. Legisladores opositores y del propio oficialismo, como Ricardo Sheffield, expresaron preocupaciones sobre la facultad otorgada a Hacienda para definir los sectores, así como por la brecha de conectividad que persiste en zonas rurales del país. Por su parte, los defensores de la reforma destacaron que sistemas como el CoDi, el SPEI y Dimo registraron más de 7 mil 300 millones de transferencias solo en 2025, demostrando que la infraestructura digital ya tiene una amplia base de usuarios.
Una transición con preguntas abiertas
La entrada en vigor de la ley plantea preguntas sobre la preparación real del territorio nacional: ¿está la infraestructura de conectividad al alcance de todas las comunidades? ¿Los pequeños comercios y poblaciones alejadas contarán con los equipos y la capacitación necesarios? La respuesta a estas incógnitas definirá si la transición se desarrolla de forma inclusiva o si, por el contrario, profundiza la brecha entre quienes tienen acceso a la tecnología y quienes no.
Lo cierto es que el marco legal ya está vigente. A partir de ahora, las acciones concretas de Hacienda y las autoridades sectoriales marcarán el ritmo del cambio. La ciudadanía estará atenta a los listados de giros afectados y a los plazos para adaptarse a la nueva realidad financiera.
¡Únete a nuestro grupo de WhatsApp y recibe GRATIS las noticias más importantes directo en tu celular!
