El clamor social
Asunción / Ciudad de México, 5 de noviembre de 2026 — El presidente de Paraguay, Santiago Peña, ha presentado su renuncia al cargo tras una semana de creciente convulsión política y social provocada por el colapso de Ueno Bank, uno de los mayores grupos financieros del país. La decisión se produjo horas antes de que la Cámara de Diputados iniciara el debate formal de un juicio político en su contra y del vicepresidente, Pedro Alliana, por presuntas irregularidades que habrían facilitado el descalabro de la entidad y perjudicado a millones de ahorristas.
El derrumbe que sacudió al país
La crisis estalló este martes cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) determinó que Ueno Bank operaba con un nivel de solvencia inferior al 50% del mínimo legal exigido, lo que obligó a su intervención y congeló los depósitos de aproximadamente tres millones de personas, casi la mitad de la población nacional. El impacto fue inmediato: cientos de ciudadanos salieron a las calles, se formaron largas filas ante las sucursales y se registraron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, en un clima de indignación generalizada.
Acusaciones graves: conflicto de intereses y desvío de recursos
La solicitud de juicio político, presentada por 35 diputados, señala al mandatario por presunto conflicto de intereses, manipulación de la regulación bancaria y uso de fondos previsionales para sostener a la entidad. Se recuerda que Peña mantenía vínculos accionarios con el grupo controlador de Ueno Bank hasta su desvinculación en 2025, apenas un año antes de asumir la presidencia.
“No basta con el juicio político, no es suficiente: queremos saber dónde está el dinero, que se devuelva lo de los ahorristas, de miles de paraguayos sacrificados”, exigió el diputado opositor Pastor Vera Bejarano durante el debate, en un reclamo que resume el sentir de miles de familias afectadas.
Entre los recursos comprometidos figuran depósitos por unos 850 millones de dólares en fondos públicos, de los cuales aproximadamente 380 millones corresponden al Instituto de Previsión Social, el sistema estatal de pensiones y salud —es decir, el ahorro de toda una nación puesto en riesgo por decisiones que hoy se califican de negligentes o peor.
La presión fue decisiva: del Congreso a la calle
El punto de inflexión se produjo cuando el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, exigió públicamente la renuncia de Peña y advirtió que, de no abandonar el poder, respaldaría el juicio político. “No nos ubicaremos del lado del despojo de los fondos públicos, privados, de los ahorristas y de los jubilados”, sentenció en un mensaje que selló el aislamiento del mandatario.
El proceso legislativo avanzaba con la recolección de firmas necesarias —53 de 80 diputados— para remitir el caso al Senado, donde se requieren dos tercios de los votos para destituirlo. Sin embargo, la renuncia ha adelantado el desenlace de una gestión que, apenas tres años después de tomar posesión, ha quedado marcada por el escándalo financiero más grave en décadas.
Un legado dañino y una lección institucional
Este episodio deja enseñanzas amargas pero necesarias: la confianza pública no es un patrimonio inagotable, y cuando quienes gobiernan mezclan intereses personales con el manejo de la cosa pública, el costo lo terminan pagando los ciudadanos más vulnerables. La renuncia no cierra la crisis: abre la etapa de rendición de cuentas. La prioridad ineludible del nuevo gobierno deberá ser recuperar y devolver cada peso a los ahorristas, esclarecer qué ocurrió con los fondos previsionales y asegurar que nadie quede impune.
Notidex te pone al dia con las noticias del momento. Paraguay ha demostrado que la presión ciudadana y la acción del Legislativo pueden frenar abusos. Ahora corresponde a la justicia actuar con la misma firmeza.
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