La discusión no gira solo en torno a una medida administrativa. El reciente planteamiento del Ayuntamiento de Toluca sobre ofrecer acompañamiento policial a personas que manejen grandes sumas de efectivo revela algo más profundo: la normalización del riesgo como parte de la vida cotidiana. Cuando la autoridad sugiere “pedir protección” para ir al banco, el mensaje implícito es que la protección básica no está garantizada.
Una propuesta que nace del reconocimiento del problema
El presidente municipal Ricardo Moreno Bastida explicó que la medida aún está en análisis y que podrían participar corporaciones municipales, estatales o federales. El argumento central es pragmático: muchas sucursales carecen de seguridad privada pese al flujo constante de efectivo.
Pero ese razonamiento abre una grieta. Si el diagnóstico es correcto, entonces el problema no es el ciudadano que retira dinero, sino el entorno que lo expone. Trasladar la solución al individuo —“solicite una escolta”— equivale a aceptar que el espacio público no ofrece condiciones mínimas de prevención.
Del monitoreo masivo a la protección bajo demanda
Toluca y el Estado de México presumen infraestructura de videovigilancia, centros de monitoreo y capacidad de reacción coordinada. En teoría, estas herramientas permiten anticipar incidentes, concentrar patrullajes y disuadir delitos en zonas de alta concentración bancaria.
La propuesta de escoltas, sin embargo, sugiere que el sistema opera de manera fragmentada: en lugar de fortalecer presencia fija, monitoreo focalizado y protocolos automáticos alrededor de bancos, se opta por una respuesta individual y reactiva. Es decir, la seguridad se activa solo cuando alguien levanta la mano.
La confianza, el eslabón más débil
Cualquier política pública descansa en la credibilidad. En el Estado de México, esa base está erosionada. Denuncias recurrentes por abusos, extorsiones y corrupción han deteriorado la relación entre ciudadanía y corporaciones policiales. Bajo ese contexto, pedir a la gente que confíe datos, rutas y horarios para recibir una escolta no es una decisión menor: implica vencer un miedo distinto al del delito.
La paradoja es evidente. Se ofrece protección personalizada en un momento en que la confianza institucional no acompaña. El resultado puede ser un uso limitado del programa o, peor aún, una percepción de riesgo adicional.
Lo que no se está discutiendo
El debate público ha pasado por alto preguntas clave que definen la eficacia real de cualquier estrategia:
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¿Por qué no existe vigilancia permanente en corredores bancarios?
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¿Dónde están los botones de auxilio visibles y funcionales para emergencias inmediatas?
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¿Qué protocolos automáticos se activan cuando una cámara detecta una situación de riesgo?
Responderlas exigiría una revisión estructural, no un paliativo.
Un parche que expone la herida
Ofrecer escoltas para operaciones bancarias puede aliviar casos puntuales, pero no resuelve el problema de fondo. La seguridad no debería depender de solicitudes especiales ni de calendarios administrativos. Debería ser visible, constante y predecible.
Cuando un gobierno plantea acompañamiento policial para ir al banco, no está innovando: está reconociendo, aunque sea de forma indirecta, que el modelo actual no alcanza. Y en seguridad pública, admitir el fallo es el primer paso. El siguiente —el verdaderamente importante— es corregirlo con soluciones integrales, no con excepciones.
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