La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que, tras la intervención de 312 establecimientos en diversos municipios, se han clausurado varias barberías como parte del Operativo Atarraya. Las acciones se llevaron a cabo en Amecameca, Cuautitlán, Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tepotzotlán, Tlalnepantla y Toluca.
En respuesta a estas medidas, la Fiscalía ha sostenido diez reuniones con propietarios, representantes y empleados afectados, quienes han solicitado información sobre la investigación y los procedimientos para la restitución de sus negocios en caso de ser procedente.
Debido a denuncias difundidas en redes sociales sobre la presunta “siembra de drogas” durante el despliegue del operativo, la Fiscalía ha iniciado una investigación de oficio. Se están analizando pruebas en seis videos que circulan en plataformas digitales y cualquier otra manifestación similar con el fin de establecer responsabilidades.
Como medida precautoria, hasta el momento han sido separados de sus funciones un Agente del Ministerio Público y un Comandante de la Policía de Investigación, quienes participaron en una diligencia en la delegación de Santiago Miltepec. Permanecerán en esta condición hasta que se determine su posible responsabilidad en algún acto ilícito.
Trabajadores de barberías y estéticas han expresado su inconformidad por los cierres de sus negocios y la falta de información sobre los motivos de la clausura. Como protesta, bloquearon la circulación en la Vía Morelos, en Ecatepec, y se manifestaron en la autopista México-Querétaro, permitiendo el paso libre de vehículos en la caseta de Tepotzotlán.
Uno de los propietarios afectados se reunió con el Vicefiscal General de Justicia del Estado de México, quien le informó sobre las acciones institucionales en curso y lo invitó a comparecer ante el Agente del Ministerio Público para dar continuidad a la investigación.
Ante los rumores sobre una presunta exigencia de 80 mil pesos para la devolución de cada inmueble clausurado, la Fiscalía notificó que la restitución de los inmuebles no tiene costo alguno. Se exhortó a las personas afectadas a denunciar cualquier intento de cobro indebido ante el Agente del Ministerio Público o a través de los canales oficiales de la institución.
En conclusión, el Operativo Atarraya ha generado controversia y preocupación en el Estado de México. Mientras las autoridades continúan con la investigación de las denuncias sobre irregularidades, los propietarios y empleados de los establecimientos afectados siguen exigiendo transparencia y claridad en los procedimientos. La comunidad espera que este conflicto se resuelva con justicia y apego a la legalidad.
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